Procuraduría pide llamar a juicio por estafa al presidente del Banco de Colombia

En su concepto a la Fiscalía, el Ministerio Público también pidió preclusión a favor de Londoño en el delito de utilización indebida de dineros captados del público y beneficiar con la misma decisión, en los dos delitos, a Federico Guillermo Ochoa, otra de las cabezas de Bancolombia.

Según la Procuraduría, en la investigación no hay elementos que pongan en duda la presunción de inocencia de Ochoa en el caso de estafa. Y consideró que la posibilidad de procesar a los dos ejecutivos por utilización indebida de dineros captados del público prescribió el 6 de mayo de 2008.

En cambio, considera que hay pruebas para acusar a Londoño porque supuestamente ocultó información y habría lesionado los intereses de los Gilinsky, que en el 2001 demandaron el millonario negocio.

"Si bien la prueba practicada (...) no probó actos de manipulación bursátil en el mercado de valores de Nueva York, los medios de prueba legal y oportunamente aducidos a la actuación indicaron que hubo doloso ocultamiento de información relevante en la negociación, tanto a la contraparte como a las autoridades administrativas del mercado bancario y de valores --dice la Procuraduría en su concepto que no es de obligatorio cumplimiento por parte de la Fiscalía.

Agregó que las “Omisiones que crearon el engaño y el consecuente desmedro patrimonial para los denunciantes y los accionistas minoritarios del Banco de Colombia, quienes a la postre asumieron unos pasivos no conocidos y un valor accionario inferior al pactado en el contrato".

El Banco, en un comunicado anunció que "discrepa respetuosamente" del concepto y señaló que seguirá ejerciendo su derecho a la defensa frente a la demanda.

"la opinión excede claramente el alcance fijado por la Corte Constitucional al ordenar la reapertura de la investigación penal y resulta contraria y contradictoria a pronunciamientos previos por parte del mismo Ministerio Público y de la Fiscalía, que en anteriores oportunidades han manifestado la ausencia de conductas dolosas en las operaciones relacionadas con la adquisición del Banco de Colombia".

Ricardo Calvete, abogado de Bancolombia, señalo que la procuradora Mónica Sánchez, quien dio el concepto "está completamente equivocada, no tiene la información suficiente ni el conocimiento de los temas financieros. Está desconociendo pruebas que obran dentro del expediente y retomando hechos que ya estaban desvirtuados".

El proceso había sido cerrado por la Fiscalía en el 2003, pero una decisión de la Corte Constitucional en el 2005 ordenó la reapertura del caso porque no se practicaron pruebas que habían sido ordenadas.