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¿Se le complica la candidatura presidencial a Sergio Fajardo?

La figura de control automático de legalidad ha causado revuelo a raíz del fallo que declara responsable fiscal al precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo puede defender sus derechos políticos: abogado

Sergio Fajardo puede defender sus derechos políticos: abogado

31:27

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La Sala Plena del Consejo de Estado decidió inaplicar la norma que regula el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal. Según la alta corte, ase estaría vulnerando el artículo 29 de la Constitución Política que regula el debido proceso, así como el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos con respecto a las garantías judiciales a las que se tiene derecho como ciudadano.

Oscar Manuel Silva Rojas, abogado constitucionalista, advirtió que esta figura se incluyó por el Congreso de la República en una modificación del CPACA. Sin embargo, a la fecha, la Corte Constitucional no ha tomado una decisión para decir si la norma que está en el CPACA es constitucional o no.

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El abogado advirtió que reversar la posición del Consejo de Estado abriría la posibilidad de revisar cientos de fallos de responsabilidad fiscal. Esto “conllevaría a que el pronunciamiento de los Tribunales como del Consejo de Estado tendrían que realizarse en el mismo orden en el que se remitieron (...) porque los jueces tienen que garantizar la igualdad procesal y tienen que decidir asuntos de su interés en orden cronológico en el que se radicaron”.

Sobre el caso de Sergio Fajardo, Oscar Manuel Silva advirtió que el precandidato podría interponer una acción de tutela donde solicite la suspensión de los efectos del fallo como un mecanismo transitorio argumentando un perjuicio irremediable.

Por otro lado, podría acudir a un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho donde mediante una medida cautelar, también puede solicitar como medida provisional, la suspensión del acto administrativo”. También, el abogado aclaró que se deberán agotar todos los mecanismos ordinarios antes de presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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