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¿Proyecto de seguridad ciudadana es “populismo punitivo”? Congresistas responden

El representante Luis Alberto Albán expresó en La W que el proyecto no va dirigido a lo que nombra, sino que es una especie de “populismo punitivo”.

Proyecto de seguridad ciudadana busca ser archivado por sus detractores

Proyecto de seguridad ciudadana busca ser archivado por sus detractores

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Colombia

El pasado 17 de noviembre, el Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley llamado ‘Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana’.

La iniciativa incluye reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística.

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Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por varios sectores de la oposición. Pese a que ya comenzó a ser votada en las comisiones primeras del Congreso el pasado 7 de diciembre, el proceso se ha visto inmerso en una fuerte controversia por su real alcance.

Por su parte, el Gobierno Nacional ha reiterado que la génesis de esta normativa se encuentra en la necesidad de judicializar con más severidad a delincuentes que actualmente salen de las cárceles pese a tener prontuario delictivo, pues estos mismos permiten su excarcelación. Pero la oposición ha sostenido que el proyecto agrava la desconfianza hacia la fuerza pública por parte de la ciudadanía y supone un “populismo punitivo” que criminaliza la protesta.

En diálogo con La W, el representante Luis Alberto Albán, del Partido Comunes, hizo duras críticas a la iniciativa y se refirió a la ponencia de archivo que radicó.

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“Es un proyecto que se presenta para reforzar la seguridad, pero realmente no va dirigido a eso. Se limita a aumentar penas, lo que llamamos “punitivismo penal”, pues no busca soluciones en cuanto a la inseguridad. Por eso propusimos que el proyecto se archivara y construyamos uno nuevo que vaya de la mano de los intereses de la gente”, explicó Albán en La W.

Por su parte, el representante Juan David Daza, del Centro Democrático y quien es el ponente del proyecto, defendió su iniciativa: “Habemos quienes escuchamos los clamores de la ciudadanía en la calle. Aquí no hay populismo punitivo, pero siempre que hablamos de meter en cintura a quienes delinquen, hay ciertos sectores a los que no les gusta. Estamos aburridos de que más nos demoremas en capturar a un denincuente o en instaurar la denuncia, que el juez en dejarlo libre”.

¿Qué cambios busca aplicar el proyecto ‘Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana’?

  • El aumento de las penas para el delito de homicidio cuando se cometa en contra de un miembro de la Fuerza Pública, estipulando una pena de 500 a 600 meses de prisión.
  • Establecer como tipo penal la intimidación o amenaza con arma de fuego, armas y elementos menos letales, armas hechizas y armas blancas. (pena de 48 a 72 meses)
  • Agravar la pena del delito de hurto en relación con las cuantías.
  • Incluir como agravante del delito de daño en bien ajeno, la afectación a infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares y de policía.
  • Establecer como agravante del delito de instigación a delinquir, si la conducta se realiza para cometer hurto calificado o agravado, daño en bien ajeno.
  • Establecer como situación de agravación punitiva al delito de perturbación en servicio de transporte público, el empleo de máscaras o elementos que oculten la identidad, ejecutar la actividad valiéndose de la calidad de servidor público, emplear armas de fuego o hechizas y ejecutar la conducta valiéndose de menores.
  • Incluir dentro del tipo penal de porte y fabricación de armas, la utilización de armas, elementos o dispositivos menos letales.
  • Establecer como tipo penal el porte de armas blancas cuando se porte en medio de trasporte público o durante evento masivo.
  • Incluir como agravantes dentro del delito de violencia contra servidor público, cuando la conducta se comete contra miembro de Fuerza Pública.

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