Oposición envió carta a la Corte IDH rechazando la misiva de los presidentes del Congreso

Tal y como lo habían anunciado, congresistas de la oposición enviaron una nueva carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazando la comunicación que tanto presidente del Congreso Juan Diego Gómez y la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, habían enviado el pasado 31 de diciembre a la Corte alejándose de la posición del fallo en el caso Petro Vs. Colombia.

“El pronunciamiento de los señores Arias Falla y Gómez Jiménez, no representa la posición institucional del Congreso de la República de Colombia, por el contrario, obedece a una valoración personal de estos congresistas. La decisión de los referidos funcionarios de emitir esa comunicación no fue discutida ni aprobada por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, es decir, no cuenta con el aval de las Corporaciones que presiden; por lo que su pronunciamiento es individual, dado que como miembros de Corporación y de partidos declarados en oposición, no conocíamos, ni compartimos el contenido de la misiva enviada a la Corte”, dice la carta.

Así mismo, argumentan que pese a que los presidentes de la Corporación se basaron su comunicación en la aprobación de la ley 2094, no existió consenso en la misma, por lo tanto la carta enviada no tiene tampoco la aprobación total de los congresistas.

“De una parte, porque un número considerable de congresistas durante el trámite legislativo votó negativamente este proyecto dejando constancia de que el texto aprobado por las mayorías era contrario al fallo de la Corte, por cuanto constituye una indiscutible elusión y desconocimiento al estándar convencional y una vulneración al contenido de la Constitución Política de Colombia; de otra, congresistas de la República junto a organizaciones de la sociedad civil colombiana presentaron una acción pública de inconstitucionalidad que busca que la Corte Constitucional colombiana declare la inexequibilidad de apartes de esta norma que restringen de manera irregular derechos fundamentales y se oponen al espíritu y a la letra del fallo emitido por la Corte IDH, en el caso Petro Urrego vs Colombia”.

Finalmente, aseguraron que “la reciente asignación de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación no satisface cabalmente el estándar convencional, ni subsana la grave afectación a los derechos fundamentales de los funcionarios públicos elegidos popularmente y de sus electores”.