Judicial

JEP determinó que 5.733 colombianos fueron asesinados o desaparecidos por pertenecer a la Unión Patriótica

Según el tribunal, esta acción contra los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fue sistemática.

Según Estela Aponte, representante de víctimas del exterminio de la Unión Patriótica, a pesar de que la nación presentó el expediente ante la justicia internacional, ahora busca delimitar su actuación. Foto: Colprensa / SERGIO ACERO

JEP determinó que 5.733 colombianos fueron asesinados o desaparecidos por pertenecer a Unión Patriótica. Foto: Colprensa / SERGIO ACERO(Thot)

Colombia

La investigación adelantada por la Sala de Reconocimiento de la JEP sobre los patrones de violencia contra los miembros de la Unión Patriótica, señala que los ataques fueron ejecutados especialmente por agentes de Estado y paramilitares de forma sistemática y focalizada.

Corría el año de 1985 y mientras en Colombia enterraban a Tulio Manuel Castro, juez del caso Lara Bonilla, asesinado por el cartel de Medellín; los colombianos veían perplejos el dominio del narcotráfico y la toma del Palacio de Justicia.

En ese escenario convulso, nacía paralelamente el partido político de la Unión patriótica, un movimiento popular que surgió como resultado del acuerdo de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado y los grupos insurgentes.

Sobre el caso de la Unión Patriótica:

Un año antes, en 1984, las promesas del entonces presidente, Belisario Betancur, permitieron que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), firmaran el Acuerdo de paz de La Uribe (Meta).

Llegó el año de 1985 y las condiciones para que los reincorporados pudieran integrarse a la vida política, económica y social del país no eran claras, razón por la que el Gobierno avaló a los recién desmovilizados para que escogieran a sus figuras políticas y pudieran participar en elecciones.

En 1986, el naciente partido político recibió un amplio respaldo campesino y popular, la Unión Patriótica logró 335 concejales, 18 diputados, 15 escaños en el Congreso, y además obtuvieron una votación sin precedentes en 23 alcaldías municipales. Después de las elecciones vino una ola de asesinatos, desapariciones y persecuciones contra los líderes del movimiento y simpatizantes.

La larga lista de 5.733 que estableció la JEP incluye los nombres de dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 70 concejales, 9 congresistas, 12 diputados, un número indeterminado de alcaldes, dirigentes sindicales, líderes comunales, estudiantes y campesinos (asesinados, por ejercer en democracia sus derechos políticos).

Jaime Pardo Leal. Foto: Colprensa-Raúl palacios

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.

“Con base en este análisis, la Sala estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas. Sin embargo, la violencia no letal estuvo lejos de ser marginal. De hecho, la segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con 2.217 víctimas”, señalaron.

El tribunal de paz identificó que, en 32 años de violencia contra militantes de la UP, hubo un patrón de violencia sostenida durante 23 años, de 1984 a 2007.

De acuerdo con la JEP, la violencia en contra de los militantes de la UP se vivió particularmente en Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Ariari Guayabero, Cundinamarca y Sumapaz, el municipio de Apartadó en Urabá y Tolima.

Bernardo Jaramillo Ossa. Foto: Archivo Colprensa

“Además de las cinco regiones críticas priorizadas, la Sala identificó un conjunto de hechos ilustrativos de la participación de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios que ejecutaron crímenes contra la UP”.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, indicó que 60 exmiembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) serán llamados a comparecer por su relación con los crímenes de miembros de la UP, y que este año saldrán las primeras imputaciones.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad