Familias damnificadas por las inundaciones reclaman ayudas humanitarias en Córdoba

Las familias que lo han perdido todo por la intensa temporada de lluvias que no da tregua en Córdoba, piden atención por parte de los gobiernos de turno ante una emergencia que pudo tener menor impacto si se hubiesen tomado las debidas medidas preventivas como lo advirtió la Defensoría del Pueblo. Son varias las poblaciones de este departamento que exigen una mirada en medio de la crisis.

“Hay familias que no han recibido ni una frazada todavía, ni siquiera una panela que es lo más barato que hay en el momento. Estamos atravesando una crisis bastante cruel con las comunidades, la Defensa Civil lo que está haciendo es poco porque no contamos con los recursos para llegar a las comunidades”, dijo Ómar Salgado, un voluntario de la Defensa Civil en San Bernardo del Viento.

Ayapel es una de las zonas más golpeadas, en este municipio las familias tienen cerca de 10 meses de estar conviviendo con las aguas debido a los desbordamientos que se han presentado principalmente por el punto 'Caregato'.

“La situación sigue crítica y estamos sin recursos de nada, porque hace rato no nos traen una ayudita de nada. Estamos muy mal, el río San Jorge sigue desbordado”, sostuvo Luz Nelly Gómez, líder comunal del corregimiento de Sincelejito, zona rural de Ayapel.

En Montelíbano se reportan inundaciones en 22 barrios de la zona urbana. Al respecto, las autoridades han indicado que se han entregado ayudas, pero aún no serían suficientes.

“En estos 22 barrios hay 1.172 familias afectadas, hemos atendido a través de la Alcaldía de Montelíbano cerca de 900, llevándoles kits alimentarios, agua empacada, kits de aseo, toldillos y kits de cocina. Todas las familias no han recibido lo mismo, sino de acuerdo con la necesidad que han tenido, estamos gestionando ante la Gobernación de Córdoba nuevas ayudas”, manifestó el coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo de Montelíbano, Carlos Arteaga.

Desde la Gobernación de Córdoba se ha informado que la emergencia que enfrenta el departamento sobrepasa la capacidad institucional y que se requiere de más apoyo por parte del Gobierno Nacional para poder atender a las más de 6.000 familias damnificadas.