Tras 7 años, no hay avances en denuncia penal contra la Alcaldía de Barranquilla

La denuncia penal que fue presentada ante el búnker de la Fiscalía en Bogotá en noviembre de 2015 y posteriormente remitida a la ciudad de Barranquilla para su trámite, sigue sin mostrar avances en el proceso que ya cumple 7 años por un “presunto concurso de conductas punibles” al lograr la propiedad de aproximadamente 96 hectáreas de terreno pertenecientes al denominado sector o isla ‘La Loma’.

La acusación por presunto abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, fraude procesal, falsedad en documento público y estafa agravada contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el exalcalde Alejandro Char Chaljub, la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y el Caribe- Edubar y la constructora Covein, ya ha pasado por 5 fiscales de la ciudad.

En la ampliación presentada en julio de 2022 ante la Fiscalía 56 de Patrimonio Económico también se incluyó la presunta participación de la Notaría Sexta y la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, al registrar la escritura No. 740 de mayo de 2008 y posteriormente crear folios de matricula inmobiliaria sobre la declaración de propiedad realizada por el alcalde de la época, sin que este acto sea válido en la legislación colombiana para proclamar la propiedad de un bien.

Le podría interesar:

• Caso ‘La Loma’: denuncian a funcionarios de Barranquilla por presunto prevaricato
• Caso La Loma: denuncian a Alcaldía de Barranquilla por presuntos actos de corrupción
• Caso ‘La Loma’: citaron a señalados por vicios de forma en el POT de Barranquilla

Esta acción fue configurada según los denunciantes como una presunta obtención de documento público falso y prevaricato por acción a título de dolo, ya que se habría “manipulado las operaciones de los códigos registrales”, debido a que en menos de 24 horas se convirtió un bien inmueble de derecho privado en bienes baldíos urbanos de dominio público.

A lo largo de los 7 años, el proceso estuvo en manos de diferentes fiscales sin que se le asignara un investigador, siendo este el primer paso en toda indagación, según declaraciones de la defensa del proceso.

La denuncia que ha estado entre la Fiscalía 55 Unidad de delitos con Administración Pública y la Fiscalía 56 Unidad de delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla, se habría dilatado, omitiendo la sentencia 893/2012 de la Corte Constitucional que establece que la “justicia tardía es en últimas la negación de justicia”, al no fijar límites temporales a las etapas del proceso penal, violando los derechos de las víctimas establecidos en la Ley 1453 de 2011.

“(…)estableció que la Fiscalía tendrá un máximo de dos años contados a partir de la noticia criminal para formular la respectiva imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación, el cual se extenderá a tres años en caso que se presente concurso de delitos o multiplicidad de indagados o de cinco en asuntos de competencia de la justicia especializada (…) ello no quiere decir que la duración de la indagación se deba extender al máximo establecido, pues está Célula Judicial se mantiene en cuanto, éste no debe ser otro que el necesario para que la policía judicial bajo la supervisión del Fiscal encargado del caso recaude los elementos indispensables para soportar, bien sea la imputación –formulación-, la petición de preclusión o el archivo de las diligencias para que los intervinientes no vean de modo alguno afectados sus derechos fundamentales”, se lee en la sentencia.

Adicionalmente, a pesar de las 2 quejas, 2 solicitudes de vigilancia especial y 4 impulsos procesales sobre la denuncia, no se ha visto celeridad en el proceso.

En el último impulso procesal, presentado en mayo de 2022, se incluyó al alcalde actual Jaime Pumarejo, por presuntamente desconocer el “debido proceso a la defensa a la seguridad jurídica y propiedad privada (...) y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles” de los propietarios legítimos de los predios.

Esto, al despojar de una franja de terrenos pertenecientes a los denunciantes, con la inauguración de monumentos y la construcción de la galería comercial ‘La Loma’, hechos que, según los denunciantes, ocurren “cuando la administración distrital de Barranquilla, tiene conocimiento y sabe que los terrenos de la loma son privados, y sin embargo el Estado- Distrito de Barranquilla continúa con el despojo reiterativo de los terrenos de La Loma por obras públicas, constituyéndose en un gran detrimento del patrimonio de la familias propietarias”.