Judicial

Ordenan investigar irregularidades en proceso contra directivos de la U. San Martín

Los hechos materia de investigación tienen que ver con el proceso judicial por las irregularidades cometidas a partir del año 2002.

Universidad San Martín. Foto: Colprensa

Colombia

ACTUALIZACIÓN: Mediante constancia del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá emitida el del 02 de abril de 2025, se certificó que : "El 29 de noviembre de 2024, el Juzgado 40 Penal del Circuito Conocimiento Bogotá, en audiencia de lectura de fallo, RESOLVIO: “DECRETAR la prescripción y de contera la extinción de la acción penal y ordenó el archivo de las diligencias a favor de JOSE RICARDO CABALLERO CALDERON identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.324.8545, por el delito de Fraude Procesal, Fraude a Resolución Judicial ó Administrativa ó de Policía, Falsedad Material en Documento Público, Enriquecimiento ilícito de Particulares y Concierto para delinquir. Y Lo ABSOLVIÓ por los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN LA MODALIDAD DE MASA”, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala Penal), el 28 de febrero de 2025."

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo del 1° de agosto de 2022, compulsó copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial por la mora judicial dentro del proceso penal seguido en contra de José Ricardo Caballero Calderón y Juan Carlos Mahecha Cárdenas.

Lo anterior, dadas las presuntas irregularidades administrativas y financieras en las que se vio inmersa la Fundación Universitaria San Martín.

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Al tiempo, la Sala solicitó la vigilancia administrativa de la actuación procesal ante Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por la inminente prescripción de al menos uno de los delitos objeto de imputación.

Los hechos materia de investigación tienen que ver con el proceso judicial por las irregularidades cometidas a partir del año 2002, cuando la Fundación Universitaria San Martín comenzó a ser objeto de demandas laborales y procesos coactivos por el no pago de impuestos.

Estas situaciones derivaron en millonarios embargos contra miembros de la Fundación.