Procuraduría convoca mesa de trabajo sobre el régimen especial de baldíos
La Procuraduría General de la Nación convocó este martes 11 de octubre a varias entidades del Gobierno a la primera mesa de trabajo para el cumplimiento de la Sentencia-288 de 2022.
Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa. / Colprensa/Archivo
La Procuraduría General de la Nación convocó a varias entidades del Gobierno y del sector justicia a la primera mesa de trabajo para el cumplimiento de la Sentencia-288 de 2022, este martes 11 de octubre, en la que se hará un alistamiento institucional que permita cumplir la orden de la Corte Constitucional sobre el régimen especial de baldíos.
A través de una comunicación se hicieron requerimientos al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); ministerios de Justicia y del Derecho y de Agricultura y Desarrollo Rural; Departamento Nacional de Planeación (DNP), Unidad de Planificación Rural Agraria (UPRA), Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Consejo Superior de la Judicatura.
Como parte de su función preventiva, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios instó disponer las herramientas y medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia que emitirá el alto tribunal sobre el régimen especial de baldíos, asunto en el que se evidenció “un grave incumplimiento de las autoridades”.
El Ministerio Público le solicitó al DAPRE reactivar el Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural; al Ministerio de Justicia coordinar las relaciones entre las ramas del poder público y el sector judicial, y a la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural conocer lo gestionado sobre formulación y ejecución de las políticas públicas inherentes al sector.
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De igual forma, se requirió al DNP la asignación de recursos tanto para implementar el Acuerdo sobre Reforma Rural Integral, como para fortalecer técnica y financieramente las entidades relacionadas con dichas actividades; y a la UPRA información sobre cómo avanza la planificación del uso eficiente del suelo y los procesos de ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales y su formalización.
A la ANT, el ente de control le pidió conocer previamente el inventario de procesos judiciales de pertenencia sobre predios sin antecedente registral de pleno dominio y de clarificación de la propiedad en curso y de recuperación de baldíos por indebida ocupación, por vía del procedimiento de la Ley 160 de 1994.
De igual manera, el Ministerio Público le comunicó al Consejo Superior de la Judicatura la orden proferida por la Corte Constitucional de vigilar que en los 90 días de plazo otorgados garantice canales de comunicación y notificación entre los jueces y la Agencia Nacional de Tierras; formación y capacitación en derecho agrario y legislación especial de baldíos.
La corporación también debe adoptar medidas administrativas sobre la disponibilidad de plantas de personal y la creación de juzgados, si resultan necesarios, para el cumplimiento de la competencia, y asegurar la actualización y accesibilidad al registro de procesos de pertenencia de los predios.
Finalmente, la Procuraduría indicó que este espacio de trabajo tendrá lugar mientras el Gobierno Nacional y el Congreso de la República implementan el compromiso de crear la Jurisdicción Agraria.
