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Ministros peruanos rechazan acusación de Congreso para inhabilitar a Castillo

Uno de los primeros en pronunciarse fue el titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien aseguró que este informe es un despropósito.

El presidente de Perú, Pedro Castillo. Foto: Getty

El presidente de Perú, Pedro Castillo. Foto: Getty

Ministros del Gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazaron este viernes la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que aprobó un informe que pide que el mandatario sea inhabilitado durante cinco años y se le acuse por traición a la patria.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien aseguró que este informe, que calificó de “despropósito”, es “parte de un juego político, pero no es un juego político sano”.

Este informe no tiene ningún sentido, ningún fundamento (...) no podemos forzar figuras que sigan generando mayores enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo”, sentenció Chero.

El ministro exhortó a los diputados a reflexionar, asesorarse “bien” y dejar de confrontar con el Gobierno porque, recordó, el país recibirá en las próximas semanas a una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, a petición de Castillo, analizará la crispada situación de la política peruana.

“Tenemos que dar mensajes claros, de consenso, de concordia”, concluyó.

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Aunque de un modo dispar, el argumento de la OEA también lo mencionó el ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Alejandro Salas, quien sostuvo que la aprobación de la Subcomisión del informe contra Castillo será un argumento positivo para el Gobierno ante la OEA.

“Cuando alguien se equivoca, hay que dejar que se equivoquen. Eso es algo que finalmente nos suma para la llegada de la OEA”, comentó, tras afirmar que las declaraciones que brindó el gobernante sobre la posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia, que fueron usadas como fundamento de esta acusación, “han sido totalmente descontextualizadas y mal interpretadas”.

LA OPOSICIÓN CELEBRA

En el otro lado de la balanza, varios parlamentarios de la oposición política al Gobierno celebraron la aprobación del informe, que se tomó con 11 votos a favor y 10 en contra y que será ahora enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo en los próximos días antes de decidir si autoriza su eventual debate y votación en el pleno.

“Felicito a los congresistas que votaron a favor del informe que aprueba acusar por traición a la patria a Castillo. ¡La patria no se vende, se defiende hasta con la vida! Los que votaron en contra, el pueblo los juzgará”, escribió en las redes sociales la conservadora Patricia Chirinos.

El informe que aprobó este viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso pide que Castillo sea inhabilitado durante cinco años y se le acuse por la presunta comisión del delito de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.

El informe fue sustentado el lunes pasado por el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, quien sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena internacional CNN que “es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía” sobre esta posible medida que, según sostuvo, “pone en grave riesgo la integridad de la nación”.

LA DECLARACIÓN DE CASTILLO

Castillo reconoció en enero pasado a CNN que reclamó el “mar para Bolivia” durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.

“No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, anotó.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacíífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.

El presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.

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