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La ley lo permite: Gobernación de San Andrés responde por polémico hipódromo

El gobernador Everth Hawkins aseguró en Sigue La W que no hace anticipos en las obras que realizan en la isla. Además, indicó que no tiene ningún vínculo con la Gobernación del Valle.

Maqueta para construcción de Hipódromo en San Andrés. Foto: Gobernación de San Andrés.

Maqueta para construcción de Hipódromo en San Andrés. Foto: Gobernación de San Andrés.

Sigue La W continúa haciendo seguimiento al polémico hipódromo que presuntamente se adjudicará “a dedo” por un valor de $29.000 millones en la isla de San Andrés. La Contraloría departamental hizo una auditoría a la contratación interadministrativa, en la cual advierte falta de planeación, seguimiento, control e idoneidad en algunos contratos.

Debido a esto, Sigue La W conversó con Everth Hawkins, gobernador de San Andrés, quien aseguró que “este es un tema que tiene más de 20 años en proceso, que la comunidad raizal ha pedido y se encuentra dentro del Plan de Desarrollo”.

En contexto:

Además, especificó que el proyecto busca construir un centro de cultura hípica que está establecido en el Plan de Desarrollo: “Los va a administrar la autoridad raizal. Ellos tienen derechos ancestrales, independientemente de que se haga la inversión, se va a lograr entregarla por primera vez en la historia una petición hípica. Eso nos sirve a nosotros de integración cultural con el Caribe”.

En cuanto a la intermediación que tendrá el Fondo Mixto del Valle, el gobernador aseguró que “lo autoriza la ley; habría que cambiar la ley. La norma lo permite, lo que no prohíba la ley se puede hacer”.

Además, dejó claro que “no tengo ningún tipo de interés ni fijación con ninguna entidad del Valle. Simplemente busco mecanismos que sean legales para poder ayudar a agilizar”.

Por su parte, McBride Pomare, jefe de Auditorías de la Contraloría de San Andrés, explicó que “se realizó un proceso de auditoría, se encontraron algunas debilidades en las que se realizaron algunos de los contratos. Consideramos que esto se debió a la supervisión débil del ente territorial”.

Sin embargo, resaltó que “los contratos interadministrativos son permitidos por la ley, pero el hecho de que se hagan de esa manera no necesariamente implica que de estos vayan a surgir actos de corrupción, eso no es una relación directa”.

Por último, Hawkins mantuvo su posición mencionando que “los contratos interadministrativos son permitidos por la ley” y por eso no tiene ningún “temor para hacerlos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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