Funcionarios públicos estarían omitiendo funciones en casos de invasión de tierras
La advertencia la hizo durante una audiencia pública sobre ocupación ilegal de tierras en el departamento de Bolívar.
Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa.
Durante la audiencia sobre “Irrupción ilegal de tierras en Bolívar” y luego de escuchar los testimonios de quienes aseguran haber sido víctimas de invasión de predios, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, indicó en la mayoría de estos casos hay “presuntos incumplimientos por parte de las autoridades de sus deberes funcionales”.
El ente de control aseguró que en este espacio de diálogo y posterior a este, recibió más de 15 denuncias de ciudadanos, abogados y representantes gremiales, relacionadas con irregularidades en invasión, titulación, registro y ocupación ilegal de tierras en el departamento de Bolívar, especialmente en zonas como Playa Blanca, Barú, Bayunca Punta Canoa y las Islas del Rosario.
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“Lo que estamos escuchando de verdad es el incumplimiento de todas las autoridades, de alguna manera de sus deberes funcionales y el incumplimiento de un deber funcional genera una sanción disciplinaria”, dijo Cabello Blanco.
La procuradora indicó que con este tipo de espacios se busca “impulsar soluciones y hacer un llamado a las y los funcionarios competentes para que atiendan efectivamente los casos ya existentes de ocupaciones ilegales de tierras y eviten nuevos hechos similares”.
La procuradora aseguró que la misionalidad del ente de control es preventiva para realizar mesas de diálogo como el realizado en Cartagena, y disciplinaria, “de castigo y de sanción, para que servidores públicos no incumplan su deber funcional frente a la problemática en el país”.
En la audiencia, el secretario General de la Fundación Santo Domingo, que está en un litigio por invasión de terrenos en el sur cartagenero, donde desarrollan el proyecto urbanístico Ciudad Bicentenario, dijo que no hay decisiones en derecho en la ciudad y que existe “una verdadera mafia de invasiones, que involucra a inspectores de Policía, contratistas del Estado y hasta concejales”.
A su vez, los representantes de las comunidades hicieron un llamado a no estigmatizar a las comunidades étnicas y raizales
La Procuraduría indicó que, tras la primera audiencia realizada en noviembre de 2021 en Atlántico, en donde se recibieron 17 denuncias, permitió abrir “tres investigaciones disciplinarias y trece indagaciones previas por casos en los departamentos del Tolima, Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca y Meta”.
