Procuraduría: Batallón Vargas mató por lo menos a 139 personas bajo falsos positivos

La W tuvo acceso al documento rendido por la Procuraduría delegada ante la JEP, en el que se refirió y condensó la alianza criminal entre el batallón Vargas y las Autodefensas (judicialmente probada bajo la comandancia del coronel Alejandro Cabuya) así como los patrones delincuenciales que generaron el asesinato de por lo menos 139 personas (podría ascender a 167 la cifra).

De acuerdo con el análisis del ministerio público, la mayor cantidad de homicidios se perpetraron bajo la administración del coronel (r) Alejandro Cabuya (“Eliécer” su supuesto alias paramilitar) en una alianza frontal con las Autodefensas, en las que aunque en ciertos momentos el coronel disminuyó su nivel de responsabilidad, para la Procuraduría y sus subalternos estuvo al frente de la comisión de los crímenes.

“Héctor Alejandro Cabuya de León en su versión voluntaria aceptó haberse reunido en dos oportunidades con Manuel de Jesús Pirabán, alias “Pirata”, comandante del Bloque Centauros de las AUC, así como reconoció la relación de WILSON ORLANDO LIZARAZO CÁRDENAS con Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, jefe de finanzas del Bloque Centauros”, señaló el procurador Jairo Acosta.

Frente al siguiente comandante, el coronel (r) Néstor Aguirre, el ministerio publico reconoció que fue desintegrando la “empresa criminal” que actuaba bajo el mando de Cabuya (mediante alianzas con los “paras”, recogiendo cuerpos de muertos o bajo la modalidad de matar personas engañadas).

Según el escrito de 80 páginas conocido por W Radio, aunque Sánchez Aguirre prohibió cualquier vínculo con paramilitares, permitió y ordenó el asesinato de personas señaladas de tener vínculos con las guerrillas (admitiendo al menos un caso que involucra dos víctimas).

“En este hecho, de acuerdo con la misma afirmación del comandante de Batallón, él ordena el asesinato de las dos personas detenidas como una manifestación de ira o de venganza. A pesar de que las víctimas eran campesinas, su vida en el Castillo hizo que se presumiera su pertenencia a las FARC” señala el documento.

Asimismo, fue señalado de un presunto encubrimiento frente al asesinato de unas personas por parte de sus soldados en alianza con informantes (que en realidad eran paramilitares), hecho sobre el cual al parecer conoció de la condición ilegal de esas bajas, pero guardó silencio.

Finalmente, frente al último comandante analizado: coronel (r) Jairo Martín Sandoval Moncayo (2005 - 2007), el procurador Acosta señaló que los hombres de Sandoval fueron responsables por al menos 17 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, comenzando a usar la modalidad de “reclutadores” tras la extinción de las Autodefensas tal como eran conocidas previamente.

De hecho, según los testimonios, se creó un grupo especial dentro del batallón (bajo fundamento de una directriz vigente desde el 2003) que casualmente estuvo involucrada en esos asesinatos, siendo encubridos y alterando información por los jefes de la Sección de Inteligencia de la unidad: José Hover Ortiz Doncel y Javier Augusto Lozano.

Adicionalmente, la Procuraduría solicitó a la JEP llamar a ampliación de versión voluntaria al coronel Sandoval Moncayo, así como al coronel Néstor Sánchez Aguirre para que aclaren circunstancias de diversos hechos que persisten en investigación.

También se pidió escuchar de nuevo al exjefe paramilitar Arlex Arango “Chatarro” con el fin de que entregue mayor información sobre el asesinato de un hombre acusado de ser un comandante de Autodefensas, y para que relate cómo fueron las relaciones con el Batallón Vargas desde el año 2004.

El ministerio público concluyó asimismo, que los vínculos entre el batallón Vargas y las Autodefensas iniciaron en 1998 bajo la comandancia del coronel (hoy general (r)) Miguel Pérez Guarnizo), quien hasta hace unos meses se desempeñó como director nacional de la Defensa Civil.