Judicial

Corte ratificó condena de exmilitares por desaparecidos del Palacio de Justicia

La Corte advirtió que las condenas a 40 años por desaparición forzada contra los uniformados se dio al tener en cuenta las pruebas que los vinculan con los hechos y que el Tribunal de Bogotá utilizó para emitir sentencia.

Palacio de Justicia. Foto: Colprensa.

Palacio de Justicia. Foto: Colprensa.(Colprensa)

La justicia ordinaria continuó los procesos penales en contra de los miembros en retiro del Ejército Nacional investigados por los desaparecidos en la retoma al Palacio de Justicia en 1985, es así como se conoció a través de los defensores de las víctimas que “este 15 de marzo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, negó el recurso extraordinario de casación al coronel Edilberto Sánchez Rubiano y el Mayor Óscar William Vásquez, y ratificó la condena a 40 años de prisión por el delito de desaparición forzada de personas durante la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985″.

En igual sentido añadió que “en la misma decisión, la Sala resolvió la impugnación especial presentada por los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña, decidiendo confirmar la primera condena a 40 años que les impuso el Tribunal Superior de Bogotá en el mismo fallo 2021″.

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Según ese alto tribunal, “Las pruebas presentadas y que tomó en cuenta el Tribunal Superior de Bogotá para emitir fallo condenatorio en contra de los procesados advierte del rol que desempeñaron cada uno de los integrantes del B-2 del Ejército Nacional, los días de los hechos, señalando que tales conclusiones no habían sido rebatidas por los condenados. En consonancia con lo anterior, la Corte relacionó y ratificó que las pruebas demuestran que Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, trabajadores de la cafetería, e Irma Franco Pineda, perteneciente al grupo guerrillero, fueron desaparecidos forzadamente por los militares que ese día hicieron parte de la operación de retoma del Palacio de Justicia”.

Durante el marco de las investigaciones la defensa de las víctimas señala que “Los condenados para la época de los hechos pertenecían al B-2 de la Brigada XIII, división que fue la encargada, de conformidad con el Plan Tricolor 83 y por orden del general -condenado por estos hechos- Jesús Armando Arias Cabrales, de realizar labores de inteligencia para la identificación y clasificación como “sospechosos” o “especiales” de las personas que fueron conducidas a la Casa del Florero, lugar donde se instaló el puesto de mando unificado por las fuerzas militares y de Policía en el marco del operativo militar desplegado ante la incursión guerrillera del M-19″.

Ahora las familias de los desaparecidos esperan conocer la verdad de los hechos ocurridos con los civiles que fueron interrogados y posteriormente desaparecidos por los militares, quienes los habrían señalado como subversivos del M-19 para torturarlos y desaparecerlos, todo esto al parecer “por órdenes de Edilberto Sánchez Rubiano para realizar el traslado a unidades militares y de policía de aquellas personas sobre las cuales persistía la sospecha de su vinculación con el M-19 -particularmente a la Escuela de Caballería -ESCAB- y en donde se extremaron los procedimientos de tortura y tratos crueles. Esta habría sido la suerte que corrieron Irma, Bernardo y Carlos Augusto”.

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