Tribunal negó preclusión en descalabro bursátil de la Comisionista Torres Cortés S.A.
Por estos hechos de corrupción se habrían desviado más de $18.000 millones.
Imagen de referencia de juez. Foto: Getty Images / Tetra Images
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta por lavado de activos contra los exdirectivos de la Comisionista Torres Cortés S.A., por el descalabro bursátil que generó más de $18.000 millones en pérdidas para los clientes.
De esta manera confirmó el fallo del juzgado primero Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Bogotá, cuando el 11 de noviembre del año pasado, también rechazó la petición.
La decisión afecta a los procesados José Leonel Torres Cortés y Leonel José Torres Jaramillo a quienes la Fiscalía General acusó por el delito de lavado de activos.
Según la investigación de la Fiscalía “entre 2008 y 2012, los recursos de los clientes no fueron invertidos en la Bolsa Mercantil de Colombia, como estaba establecido; por el contrario, habrían sido destinados para cubrir deudas de los socios, comprar vehículos, apartamentos y un lote en Sabaneta (Antioquia)”, apartes de la investigación de la Fiscalía.
El abogado de víctimas, Juan Diego Melo, señaló en diálogo con W Radio que, el juez tuvo en cuenta las manifestaciones del Ministerio Público, la Fiscalía y los representantes de los otros clientes afectados por este descalabro bursátil y decidió no terminar la investigación y al contrario, ordenar que continue desarrollándose.
Luego de conocerse la decisión del juez, los abogados de la defensa presentaron recurso de apelación y será el Tribunal Superior de Bogotá el que se pronuncie sobre la preclusión pero en segunda instancia.
El abogado Melo, señaló que se entregaron los documentos y las pruebas suficientes “que le permitirán a la segunda instancia darse cuenta que se trata de hechos y delitos y finalidades de sanción penal diferentes a la que en otro proceso penal ya fueron condenadas estás mismas dos personas y otros por una pluralidad de más de siete delitos entre los que se destaca la captación ilegal de recursos y que aquí precisamente, están siendo judicializados por un lavado de activos que como la Fiscalía lo considero en su momento supera, los 18.000 millones de pesos”.
Al mismo tiempo, agregó que “es importante esta decisión para las víctimas, toda vez que para ellos es una forma de acceder y tener justicia frente a lo que desafortunadamente los ha llevado a sufrir un detrimento multimillonario en sus patrimonios”.
El proceso continuará con la audiencia preparatoria y fase de juicio en un juzgado especializado de Bogotá.
El abogado Melo, apoderado de víctima en este caso, quien se opuso a la apelación, señaló que en buena hora “los Honorables Magistrados tuvieron en cuenta que se trata de hechos jurídicamente relevantes distintos en el proceso donde ya fueron condenados y el que actualmente se adelanta, que no hay identidad de objeto, causa ni en el fundamento de la investigación penal”.
Igualmente, se resaltó por el Tribunal que la cuenta compensada que se mencionó en el caso que ya fue judicializado estaba relacionada en el ítem de la estafa y que ahora su uso es en relación a una de las presuntas modalidades de lavado de activos.
“Las víctimas a pesar del largo camino procesal que han tenido que afrontar, celebran esta decisión y esperando que siga haciéndose justicia y no pierden la esperanza de una completa reparación”, dijo el abogado Melo.
