¿Cundinamarca y Bogotá se quedarán sin Aguardiente Amarillo de Manzanares?

El departamento de Cundinamarca ha revocado el permiso otorgado a la Industria Licorera de Caldas, ILC, para la introducción y venta del popular producto Aguardiente Sin Azúcar Amarillo de Manzanares 24° dentro de su territorio.

La medida, que fue emitida mediante la Resolución 797 el pasado 6 de junio de 2023, ha generado controversia dentro de los usuarios y miembros de la industria.

El permiso original otorgado en mayo de 2017 por un período de 10 años, y posteriormente adicionado en diciembre de 2019 para incluir el Aguardiente Sin Azúcar Amarillo de Manzanares, permitía a la ILC comercializar sus productos en Cundinamarca. Sin embargo, en julio de 2019, el territorio ejerció su facultad de protección a los aguardientes locales y suspendió la expedición de nuevos permisos para productos similares provenientes de fuera de su territorio.

A pesar de esta suspensión, la ILC pudo continuar con la venta de todas las bebidas alcohólicas que ya produjo, ya que contaba con un permiso previamente obtenido por 10 años, cuyos derechos no se vieron afectados por la medida de protección implementada en 2019. No no obstante, la reciente revocación del permiso específico para el Aguardiente Sin Azúcar Amarillo de Manzanares 24° deja varias inquietudes.

Dentro de la compañía caldense afirman que “esa cancelación del permiso afectó el derecho al debido proceso, pues no se siguió el procedimiento de ley para tal fin, al no haber solicitado el permiso escrito y expreso de la ILC para dicha cancelación. Adicionalmente tampoco se otorgaron los recursos de reposición y de apelación, para poder controvertir la decisión, quedando en firme la decisión de revocatoria del permiso”.

Andrés Borrero, gerente general de la Industria Licorera de Caldas afirmó en los micrófonos de La W que tomarán las medidas legales pertinentes para poder continuar con la distribución del producto.

Por otro lado, desde la Gobernación Departamental de Cundinamarca se ha expuesto que la decisión está tomada con base en infracciones formales del producto.