¿Batallones deben seguir siendo cárceles para corruptos?

Militares de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de Policía manifiestan su inconformismo por la asignación de Centros de Reclusión Militar como lugar para que políticos corruptos sean asignados a pagar condenas o medidas de aseguramiento en unidades militares y casinos de oficiales donde disfrutan de todas las comodidades que no pueden tener en un centro penitenciario y carcelario.

Para hablar de esta situación, Sigue La W se contactó con el coronel en retiro Jaime Ariza, quien aseguró que existe un malestar entre las fuerzas por el uso de estos centros especializados para la detención de corruptos.

“No cuestionamos las decisiones del mando militar, estamos ya en la reserva. Lo que sí nos tienen descontentos es que a los militares en retiro no se les está concediendo esta situación. Que quede claro que esto no es un beneficio. Los militares estuvieron de la nación que estuvo en un conflicto y eso genera enemigos e inconvenientes, más aún cuando las cárceles del país no están en poder del Estado”, aseguró.

Al ser preguntado sobre si hay batallones en donde las habitaciones estén siendo usadas como celdas de políticos, mencionó que no puede afirmar eso porque no está dentro de la institución activamente.

“Lo que sí tengo claro es que hay unos CMR que fueron creados a raíz de las coyunturas del conflicto y con vistas a la jurisprudencia que hay en las que los miembros de la fuerza pública deben tener unas condiciones especiales de reclusión, se crearon”, afirmó.

A propósito, mencionó que esos “centros son para el personal retirado porque no pueden estar en cárceles civiles en donde al Estado se le dificulta el control”.

“Se le viene otorgando a una serie de políticos, que han afectado a la sociedad colombiana por corrupción, los permisos y no a los militares en retiro. Hoy no se están dando las condiciones de los derechos que tiene la reserva activa a tener una reclusión dentro las condiciones castrenses que se dan para esto”, señaló.

Por su parte, Majer Nayi Abushihab, abogado penalista, se mostró de acuerdo con la posición de Ariza, pero aclaró que esas excepciones para estos políticos están estipuladas en la ley.

“Indicar que tenemos que guiarnos y fundarnos en el ordenamiento jurídico. La guía que determina el andamiaje en materia carcelaria es Ley 65 de 1993. Cuando uno va a ella en cuenta varios regímenes especiales como centros especiales para mujeres, para personas involucradas en accidentes de tránsito, para miembros de la fuerza pública, para colonias agrícolas y algunos funcionarios públicos”, explicó.

“Existe una segunda excepción referida a algunos funcionaros públicos, particularmente personas y cargos de elección popular, funcionarios que actúan en la justicia penal: fiscales, funcionarios de Fiscalía, Policía Judicial, jueces, miembros del Inpec”, añadió.

¿Qué sentido tiene crear todas estas excepciones?

“Las excepciones en los regímenes son inherentes. Hay que analizar el caso por caso”, comentó.

Finalmente, Andrea, esposa de militar (r) condenado por violencia intrafamiliar y enviado a la cárcel La Picota, aseguró que mientras estas personas gozan de las excepciones carcelarias de la ley, a su pareja el Ejército le “dio la espalda”.

“Esto ha sido una situación terrible, quiero mucho al Ejército Nacional. Actualmente estoy afrontando la situación de mi esposo y tristemente el Ejército me dio la espalda. Yo hablé con los coroneles Camargo y Narváez, quienes dijeron desde un principio que ese era un sitio para militares que hayan tenido el incidente jurídico estando activos, no para retirados”, relató.

Andrea contó que, pasados algunos días, el coronel Camargo la llamó para decirle “tenemos que buscar una forma de satisfacer la norma”, habiendo tres formas:

• Pasando una petición.
• Tutela para que él responda de manera favorable.
• Que su esposo sea recluido donde tenga que ir.