Procuradora y fiscal exigen garantías de seguridad al presidente Petro

En una carta de cinco párrafos y dos páginas, la procuradora Margarita Cabello Blanco y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le exigieron al presidente de la República, Gustavo Petro, que garantice que las investigaciones por el caso de los militares disfrazados en Tierralta, Córdoba, y el ataque armado contra el helicóptero se desarrolle sin obstáculos.

En la misiva además le piden que cumpla con su deber constitucional de proteger el orden público en Colombia.

“Como directores del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la Nación, respectivamente, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 277, 250 y 251 de la Constitución, y en el marco, además, del principio de colaboración armónica entre los poderes públicos, previsto en el artículo 113 de la misma normativa, nos dirigimos a su Despacho para solicitar su intervención, como comandante supremo de la Fuerza Pública, a efectos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de nuestras instituciones. En este caso, en lo concerniente al acceso a los territorios del país para llevar a cabo las investigaciones por la posible comisión de violaciones a los derechos humanos”, apartes de la carta.

Tanto Cabello Blanco como Barbosa, expresaron su preocupación por lo que ocurrió en Tierralta con los militares que habrían amenazado a los habitantes de la vereda El Manso.

Además, se refirieron al ataque armado contra el helicóptero que transportada a la comisión de investigadores de la Fiscalía y Procuraduría hasta el departamento de Córdoba.

“Con ocasión del atentado criminal perpetrado la tarde del día de hoy en contra de servidores públicos de la Fiscalía y de la Procuraduría que, de manera oportuna y en cumplimiento de sus funciones, se desplazaban en el helicóptero del Ejército Nacional que fue impactado por armas de largo alcance, cuando se dirigían hacia la vereda El Manso, jurisdicción del Municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, comisionados para verificar los hechos presuntamente protagonizados por funcionarios de la Fuerza Pública contra la población civil”, expresaron.

Los jefes de los órganos de investigación judicial y disciplinaria le pidieron al jefe de Estado que tome medidas para proteger a los servidores que están adelantando la investigación por lo ocurrido en Tierralta.

“En cumplimiento del deber que le asiste de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo en donde fuera turbado, previsto en el artículo 189, numeral 4, de la Carta Política, demandamos, respetuosa pero enfáticamente, la adopción de medidas encaminadas a permitir que los servidores adscritos a las entidades que representamos puedan acceder de forma segura a las zonas que requieren de su presencia”.

Y agregaron que es necesario garantizar la seguridad de quienes investigarán “las circunstancias descritas, en orden a esclarecer, no solo lo sucedido en la vereda El Manso, sino también el atentado en contra de la aeronave en la que se movilizaban nuestros delegados”.

Por último, expresaron que “sin estas garantías de seguridad, señor presidente, no se podrá hacer efectiva la protección a los ciudadanos colombianos, en su honra y bienes, ni el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pilares de cualquier Estado constitucional y democrático de derecho”.