Caso Marelbys Meza: defensores acudirán a la CIDH a pedir protección

Los reconocidos abogados Iván Cancino y Víctor Mosquera anunciaron que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir protección y que se impongan medidas cautelares en favor de la exniñera Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia (exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y actual directora de Prosperidad Social).

Ante la gravedad de los avances en la investigación que se adelanta por parte de la Fiscalía General de la Nación contra quienes habrían falsificado documentos para hacer pasar a la exniñera como una integrante del Clan del Golfo, para lograr la autorización de las interceptaciones ilegales de su línea telefónica, en un nuevo episodio de ‘chuzadas’; al igual que, las presuntas irregularidades en la prueba del polígrafo a la que fue sometida, los defensores de la mujer decidieron pedir que se garantice su integridad y su vida ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Víctor Mosquera y quien escribe (Iván Cancino), a raíz de la gravedad de los hechos escuchados en audiencias y en donde están involucrados miembros de la fuerza pública cercanos al poder, como defensa de MARELBYS MEZA BUELVAS acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su protección y medidas cautelares”, dijo Cancino.

A mediados del pasado mes de septiembre, el juez 50 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, envió a la cárcel al agente de la SIJIN de la Policía, Alexander Gómez Bustamante y a Rafael Ricardo Santos, quien sería la ‘falsa fuente humana’, en el marco de la investigación que se adelanta por el escándalo de las ‘chuzadas’ ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

Debido a la gran cantidad de elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias preliminares, el juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los procesados.

Precisamente, el agente de la SIJIN será recluido en las próximas horas en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota de Bogotá.

Entre tanto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), deberá definir el centro de reclusión en el que deberá permanecer de manera preventiva Rafael Ricardo Santos, considerado como la ‘falsa fuente humana’.

Aunque ambos están procesados por el delito de fraude procesal, se declararon inocentes durante la imputación de cargos que realizó la delegada de la Fiscalía.

Bajo la lupa: Fiscalía investiga ‘tráfico de fuentes humanas’ en la SIJIN de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación reveló que se investiga una presunta red de tráfico de ‘fuentes humanas’ que estaría operando en la institución.

La delegada de la Fiscalía narró que el uniformado de la SIJIN de la Policía, Fredy Alexander Gómez Bustamante, al parecer hizo que la fiscal 101 del grupo de hurtos de Bogotá, cometiera un error para lograr la autorización de la interceptación de personas cercanas a Marelbyz Meza.

Se trata de Jhonson Pineda y Lucelia Robles Arrieta, a quienes los presentaron con los alias de ‘Pini’ y de ‘Pacho’, supuestos delincuentes.

Según explicó la delegada de la Fiscalía se están obteniendo evidencias de lo que sería una organización dedicada al tráfico de fuentes humanas en el que se pagan dineros por la información falsa que se suministra.

“Debo señalar que la Fiscalía no solo está recopilando pruebas relacionadas con el hurto, sino también sobre lo que está ocurriendo en la Sijin en relación con un posible tráfico de fuentes humanas, con el fin de obtener resultados positivos y, basándose en eso, pagar recompensas”, dijo la fiscal.

Al mismo tiempo, la delegada de la Fiscalía describió que dicha red se encargaría de obtener falsos positivos judiciales.

Debido a esto, el ente investigador les imputó a los detenidos el delito de fraude procesal y con base en ello, le pidió al juez de control de garantías que imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La fiscal argumentó que los procesados de quedar en libertad podrían seguir obstruyendo a la justicia, aprovechándose de los cargos que actualmente tienen.

“Rafael Santos le mintió a la fiscal anticorrupción y esas mentiras se consolidan como los medios idóneos para el desarrollo del tipo penal en coautoría con Fredy Alexander Gómez del delito de fraude procesal, pues buscó inducir en error, distraer la investigación y manifestar algunas situaciones que nunca se presentaron”, afirmó la fiscal.

“Lo mismo sucede con Fredy Alexander Gómez, quien se pone de acuerdo y coordinadamente le narra algunos aspectos absolutamente mentirosos a la fiscal anticorrupción”.

Otros capturados por las chuzadas de Marelbys Meza

La juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a los cuatro uniformados de la Dijín de la Policía Nacional que al parecer estarían relacionados con el escándalo de las ‘chuzadas’ que sacudió al Gobierno Nacional, pues las víctimas Marelbys Meza y Fabiola Perea fueron empleadas de la entonces Jefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia.

Por considerar que los uniformados representan un riesgo para la sociedad, teniendo en cuenta el abundante material probatorio que presentó la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias concentradas que se realizaron de manera reservada durante las últimas semanas, la juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza; el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, los patrulleros John Fredy Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla; y el civil Fredy Alexander Gómez.

Los agentes de la Dijín fueron enviados al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota. Mientras que Dana Alejandra Canizales Bonilla fue cobijada con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Esto se dio luego que la juez resolviera el recurso de reposición que interpuso la defensa.

La mujer renunció a la Policía Nacional, por lo que la juez consideró que no representa un peligro.

En una audiencia que se realizó el pasado primero de septiembre, la Fiscalía General de la Nación les imputó los cargos a los cuatro agentes de la Dijín que al parecer estarían relacionados con las interceptaciones ilegales a las línea telefónicas de la exniñera Marelbyz Meza y Fabiola Perea, exempleada de Laura Sarabia, exjefe de gabinete de la Presidencia de la República.

Precisamente, la delegada de la Fiscalía les comunicó que están formalmente investigados por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

El capitán Carlos Andrés Correa Loiza; el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, los patrulleros John Fredy Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla y el particular Fredy Alexander Gómez, se declararon inocentes y no aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía, así se lo aseguraron a la juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

La delegada de la Fiscalía señaló que los agentes de la Dijín supuestamente habrían engañado a fiscales y jueces para lograr la autorización para las interceptaciones de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, cuando todavía trabajaban en la residencia de Laura Sarabia.

“A través de engaño consiguieron que la fiscal 101 del Grupo de Investigación de Hurtos de la Seccional Bogotá ordenara la interceptación de los abonados celulares (...) pertenecientes a Marelbys del Carmen Meza Huertas, quien trababa en la casa de la señora Laura Sarabia como niñera del hijo de aquella, y a Johnson Pineda Sarmiento, persona cerca de la señora Meza Huertas”, dijo la fiscal.

También señaló la fiscal del caso que Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y Dana Alejandra Canizales Bonilla habrían falsificado un documento público para obtener la orden del juez que permitirá las chuzadas.

“El informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana, incluso al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Germán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”, señaló la fiscal durante la audiencia”, aseguró la fiscal.