“Entregó plata y permisos por muertos”: la acusación de la JEP contra el coronel Figueroa

W Radio conoció el escrito de acusación de 278 hojas con el cual la Fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación) llamó a juicio al coronel (r) Juan Carlos Figueroa por 38 falsos positivos ocurridos durante su comandancia en el Batallón La Popa (Cesar) entre 2004 y 2005.

En el documento se argumentó la presunta responsabilidad del coronel en retiro en la continuidad del organigrama criminal que venía desde la comandancia del coronel (r) Hernán Mejía y por lo cual solicitarán la imposición de una pena de prisión de 20 años en contra del coronel Figueroa.

De acuerdo con el fiscal Samuel Serrano, Figueroa no detuvo los falsos positivos y al contrario convivió con ese aparato ilegal teniendo conocimiento de los hechos, recibiendo confesiones de soldados, no denunciándolos, y acudiendo a cruentas e insoportables presiones y amenazas así como a la seducción de incentivos para que sus hombres presentaran muertos y más muertos.

“Que alguien les diga el coronel Figueroa se paró enfrente mío y me dijo vaya asesine y de esta persona, presente a este civil como un bandido, no lo va a encontrar, porque Figueroa no tenía la necesidad de decirlo directamente, no tenía que darle la orden a nadie, lo único que él tenía que hacer era ejercer presión, no darle permiso a la gente, no dejarlo salir de permiso, enaltecer a aquellos que hacían las cosas mal, dándoles dinero dándoles permiso, para poder obligar a los otros que no podían dar” señaló uno de los militares que declaró en su contra.

De hecho, según lo conocido por la Fiscalía de la JEP, dentro de los beneficios entregados por Figueroa se encuentran extensos permisos, así como dinero en efectivo soldado a soldado, punto que fomentó la perpetuación de ese tipo de crímenes de lesa humanidad.

“El que daba baja salía a permiso, tome su plata, el que daba la baja siempre, bueno quien fue, quien fue el que dio la baja, tome su plata y se iban de permiso, ese era el incentivo para los soldados, permiso y plata” indicó otro de los testigos.

Incluso la situación de intercambio de muertos por permisos llevó al punto de la competencia por quién presentaba más “bajas”, y el arreglo de planear más y más crímenes si las bajas presentadas no eran suficientes.

“Nos dimos cuenta en esos instantes que el Batallón no nos iba a dar el permiso, el estímulo, por la cual habíamos dado esas dos bajas, entonces se me acerca el soldado Murieles y me dice, mi cabo, el Batallón no quedó contento con esos resultados, ¿qué hacemos? […] Entonces dijo hablemos con el teniente Burgos y organizamos para ver si podemos dar otra baja” relató otro soldado implicado en los asesinatos.

Por otro lado en la delicada acusación contra el excomandante del Batallón La Popa, según las evidencias recabadas por el fiscal de la JEP, el coronel (r) Figueroa tuvo acceso a denuncias que interpusieron afectados como la comunidad Kankuama en medios de comunicación, y en varios resultados que inspeccionó personalmente, se dio cuenta que no eran resultados legales porque preguntaba insistentemente a los responsables.

“El mayor Gutiérrez me llamó por teléfono y me dijo que me presentara en la oficina del coronel Figueroa, en presencia de mi mayor Gutiérrez y mi coronel, me pasa un periódico donde me dice léalo Quintana, donde la esposa del sujeto dado de baja denuncia la situación sucedida y los dos comandantes me dicen: no se preocupe Quintana, los dos lo apoyamos y para el Batallón eso es normal”, indicó otro militar interrogado.

Adicionalmente, la Fiscalía de la JEP también desnudó la desaparición de cuerpos de las víctimas por efectivos del Batallón La Popa, bajo el mando del coronel Figueroa, en los cementerios de Valledupar y Codazzi (Cesar).

Asimismo, en el escrito de acusación contra Figuera se detalló el tipo de víctimas elegidas por los reclutadores, paramilitares aliados y los propios soldados frente a las cuales sería fácil cometer el asesinato sin ser descubiertos (que los cuerpos no fueran reclamados). Entre las víctimas están jóvenes pobres, en busca de trabajo, discapacitados etc.

“...el evidente estado de las víctimas como miembro combatiente, la notoria mendicidad, el estado famélico de los cuerpos, algunos de ellos pertenecientes y arraigados en comunidades indígenas, una menor de edad indígena; las prendas de vestir y calzado no utilizados en confrontaciones como mocasines con medias blancas, entre otros; muchos de estos cuerpos sin vida vistos directamente por el comandante Figueroa, acusado, al haberse desplazado al lugar de los hechos” indicó la Fiscalía.

Por último en el documento fue resaltado el presunto conocimiento del coronel (r) Juan Carlos Figueroa de los nexos de sus hombres con paramilitares del Frente Mártires del Cesar pidiendo a otros hombres de las unidades que vigilaran dichos vínculos pero sin denunciar absolutamente nada.

En el marco de la impunidad flagrante que rodeó esos asesinatos entre 2004 y 2005 el fiscal Serrano mencionó a varias jueces penales militares ampliamente cuestionadas cuando el comandante de La Popa era Hernán Mejía y que seguían enquistadas en el batallón bajo la comandancia de Figueroa: la juez Heidy Johanna Zuleta, la juez Aleyda Amparo Forero y la juez 90 Carolina Galeano Londoño.

Dichas jueces sin practicar mayores pruebas cerraron rápidamente las investigaciones a pesar de que hubo exámenes que arrojaron que las víctimas no tenían residuos de disparos en sus manos. El coronel fue acusado como responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los 38 muertos en 24 hechos diferentes.