La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió abrir un proceso sancionatorio contra la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán y a su funcionario delegado, William Hernández Arias, por su ausencia en la audiencia de seguimiento de medidas cautelares en cementerios en el Eje Cafetero y el Magdalena Medio.

Según la jurisdicción, ambos funcionarios no presentaron una razón válida para no acudir al llamado y por ello, decidieron de manera unánime a activar medidas correccionales.

Tanto la gobernadora como su delegado, tendrán cinco días para que ejerzan su derecho a la defensa e informen cada una de las razones por las que no estuvieron presentes y entregar la información que se les había requerido.

¿De qué se trata la audiencia?

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP está realizando una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas para proteger 36 cementerios del Magdalena Medio, el Eje Cafetero e isla de la Tortura, en Puerto Triunfo, en donde se podrían hallar cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

La decisión se tomó porque no se cumplían con los parámetros técnicos adecuados para custodiar los cuerpos de las personas no identificadas y que fueron pasadas a ‘fosas comunes’. Por solicitud de las víctimas, la JEP ordenó proteger 16 cementerios en Risaralda, 11 en Quindío y 6 en Caldas. Así mismo, otros tres en dos municipios de Antioquia (2 en Puerto Berrío y 1 en Puerto Triunfo), además de isla de La Tortura.

En esta audiencia se está presentando la guía de abordaje forense para osarios, que diseñó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP con la asesoría y participación de grupos forenses internacionales, Equitas, la Universidad de Caldas, así como la UBPD y Medicina Legal. “Este insumo técnico traza la hoja de ruta de un procedimiento inédito en Colombia que tiene previsto hacer un proyecto piloto en el osario del cementerio San Agustín, en Samaná, Caldas, una vez el documento sea aprobado”.