¿Qué pasará con los contratos de prestación de servicios en el sector público?

El Consejo de Estado, mediante una medida cautelar, anuló la circular emitida por el Departamento Administrativo de Función Pública, por medio de la cual se establecía que no se podían firmar contratos en entidades estatales por más de cuatro meses.

El director de Función Pública, César Manrique, explicó en Sigue La W que se trata de una decisión de primera instancia con la que se acepta tramitar una demanda de nulidad de la circular que esa entidad expidió el año pasado y con la que conceden medidas cautelares para suspender los efectos de esa norma.

Dijo que, como servidores públicos, acatan las decisiones de la autoridades judiciales, pero que procederán desde Función Pública a interponer los recursos para controvertir el fallo. Sin embargo, Manrique aseguró que se trata de una norma que se expidió el año pasado con la que se ordenó que no se firmaran más contratos de prestación de servicios mientras que las entidades se reestructuraban e implementaban todas las medidas para la formalización laboral.

“En ese momento y basados en las órdenes emitidas por la Corte Constitucional que ha asegurado que no se pueden firmar contratos por prestación de servicios para cumplir con funciones misionales de alguna entidad, establecimos que mientras que se hicieran los estudios y las cartas laborales no se podrían firmar contratos de más de cuatro meses. Esa orden ya se cumplió y ya no hay ningún inconveniente ni obstáculo para firmarlos” manifestó Manrique.

Así mismo contó que ya han pedido a todas las entidades del Estado que informen sus avances frente a la formalización de los trabajadores: “Hemos adelantado toda la pedagogía necesaria para que se tomen medidas frente a la protección de los servidores y, como no somos órganos de control, serán esas autoridades las que determinen si las entidades estatales han actuado bajo la ley o si la han incumplido”.

Indicó que actualmente, y en todas las entidades del Estado, se ha iniciado un gran proceso con el que ya se han podido crear 13.239 cargos. No obstante, dijo que hubo casos en municipios del país donde de 450 contratos de prestación de servicios pasaron a tener más de mil durante las elecciones y esa actuación de los mandatarios deberá ser explicada.

La Contraloría y la Procuraduría deberán investigar el proceder de esos servidores y revelar si violaron o no el ordenamiento jurídico y la política pública que estableció este Gobierno. Nosotros seguimos impulsando todas las tareas y haciendo la pedagogía necesaria para que la formalización del empleo sea una realidad”.