Reforma educativa en Argentina: Universidad con tarifas para extranjeros

En un giro estratégico durante las primeras semanas de su mandato, el Gobierno de Argentina anunció un ambicioso paquete legislativo que busca desregular la economía. Tras el reciente megadecreto, que entrará en vigencia el 29 de diciembre, el oficialismo presentó en el Congreso la Ley Ómnibus, un proyecto extenso titulado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, compuesto por 664 artículos distribuidos en 351 páginas.

En un cambio radical propuesto en el artículo 553, el Gobierno plantea una modificación significativa en relación con las universidades públicas. El punto focal es la implementación de tarifas para estudiantes extranjeros sin residencia en Argentina. El proyecto propone reemplazar el artículo 2° bis de la Ley N°24.521, estableciendo que los estudios de grado serán gratuitos para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente, mientras que aquellos que no cumplan con estos requisitos podrán enfrentar aranceles.

El nuevo marco legal permitiría a las instituciones de educación superior y universidades nacionales establecer tarifas para servicios de enseñanza de grado o trayectos educativos para estudiantes que no cumplan con los criterios mencionados. No obstante, se prevé la posibilidad de otorgar becas en el caso de acuerdos con otros estados, instituciones u organismos. Además, se levanta la prohibición de que las universidades ofrezcan educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización.

En cuanto al aporte económico del Estado, el proyecto establece que se distribuirá según el número de estudiantes matriculados, el tipo de carrera ofrecida y otros criterios. Los montos se determinarán anualmente en el presupuesto general, garantizando transparencia en la distribución. Se destaca la necesidad de asegurar el acceso a la educación superior en todo el país, fomentar la calidad y pertinencia de la formación, y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El texto enfatiza que el aporte del Estado nacional no puede ser disminuido ni reemplazado por recursos adicionales no contemplados en el presupuesto anual. En última instancia, se busca establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el ámbito universitario.