Nación deberá pagar más de $2.900 millones por masacre de Riosucio: Consejo de Estado
En un fallo de 34 paginas el alto tribunal determinó que no hubo acción suficiente de parte de las autoridades y la masacre en Riosucio, Chocó, fue permitida por la Policía y el Ejército Nacional.
La decisión fue tomada por el Consejo de Estado(Colprensa)
Por orden del Consejo de Estado, la nación deberá pagar más de $2.900 millones por la desaparición forzada de varias personas durante la masacre de Riosucio, Chocó en 1996.
En un fallo de 34 paginas el alto tribunal determinó que no hubo acción suficiente de parte de las autoridades y la masacre en Riosucio, Chocó, fue permitida por la Policía y el Ejército Nacional.
Recordemos que el 20 de diciembre de 1996 varios grupos al margen de la ley de tomaron Riosucio, Chocó.
De hecho, el caso también fue estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideró en su sentencia que, frente a la obligación de reparar integralmente las violaciones, debía tenerse en cuenta lo decidido por la jurisdicción contencioso administrativa y que el Estado debía pagar el total de la indemnización ordenada en dicha sentencia a aquellas víctimas que hayan acudido a esta jurisdicción y no hayan obtenido una decisión favorable o cuyo proceso aún se encuentre pendiente de decisión.
La demanda
El 20 de diciembre de 1996 integrantes de un grupo armado ilegal se tomaron el municipio de Riosucio, Chocó, bajo amenazas y violencia contra la población civil.
Varias personas fueron retenidas, entre ellas Benjamín Artemio Arboleda Chaverra y Robinson Martínez Moya. Posteriormente, ambos fueron asesinados sin que sus familiares conocieran el paradero de sus cuerpos. Por lo que la demanda fue presentada por sus familiares, quienes tuvieron que probar además el parentesco.
“Los demandantes Luis Fernando y Diego Edinson Arboleda Osorio deberán acudir a la Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas creada en la sentencia del 27 de julio de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de adelantar el trámite para recibir la indemnización que les fue reconocida en el sistema judicial internacional”.
Probado lo establecido por la justicia, el alto tribunal ordenó la reparación a las víctimas.
