Casi todos pierden con lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia

Casi todas nuestras miserias salieron a flote ayer. Las cabezas de varios poderes públicos y organismos de control hicieron gala de su incapacidad.

Lo que se vivió frente al Palacio de Justicia no fue el comienzo de otro “holocausto”, como pretendieron los propagandistas de la extrema derecha, pero sí un bloqueo ilegal de varias horas a la sede de la Corte Suprema de Justicia que jamás debió presentarse.

Es totalmente válida la manifestación y la protesta. Es legítimo demandar que la Corte Suprema cumpla con su deber de elegir fiscal general para evitar que la dirección del ente acusador quede en las manos de quien va a quedar.

Lo que no es válido, ni puede serlo, es sitiar el Palacio de Justicia, impedir la salida de los magistrados de las altas cortes y de los funcionarios que trabajan en el lugar. Menos aún empujar rejas o intentar entrar a la brava al edificio.

El presidente Gustavo Petro no fue capaz de reaccionar adecuadamente frente a lo que pasaba a escasos 200 metros de su despacho. En lugar de hacer valer su liderazgo y de garantizar como Jefe de Estado la libertad de locomoción y el funcionamiento de las más altas instancias de la rama judicial, se mostró sordo y arrogante.

Cuando le correspondía dedicarse a manejar la crisis como presidente, se dedicó a describirla como tuitero.

El mandatario por el que votaron 11 millones de colombianos, unos porque creían en su programa de cambio y otros porque consideraron que era el mal menor, fue desbordado por los hechos.

No hay mejor palabra que ineptitud para describir las acciones tardías e insuficientes del presidente Gustavo Petro. Su responsabilidad la dejó al acaso, todo fue improvisación e incapacidad.

La arrogancia victimizante del presidente y su tendencia al martirio lo cegaron nuevamente como le sucedió con la suspensión del canciller Álvaro Leyva. Una decisión que le correspondía cumplir inmediatamente, pero a la que le sacó el cuerpo por muchos días para terminar ejecutándola a regañadientes. La demora no le sirvió a nadie, pero, en cambio, puso en entredicho el acatamiento a una orden de la Procuraduría, que puede discutirse pero únicamente por las vías del derecho.

Tampoco quedó bien la Corte Suprema de Justicia que tiene, hace cuatro meses, la terna para fiscal general, que ha investigado y escuchado a estas tres postuladas hasta la saciedad sin que se conozca ningún reproche serio contra alguna de ellas.

A diferencia de Francisco Barbosa, elegido hace cuatro años prontamente y por unanimidad, nadie puede decir que una de estas tres juristas sea amiga del presidente, ni siquiera cercana.

Sin embargo, la Corte Suprema obedeciendo a una tradición no escrita y a la conveniencia burocrática de varios magistrados que tienen familiares, allegados y allegadas con puesto en la Fiscalía, optaron por forzar el calendario para concederle la inmerecida prórroga de su administración al fiscal Barbosa.

Una persona que ha aprovechado su cargo para abusar de los recursos públicos. Mucho se ha sabido de sus indelicadezas, del boato que construye para él, de sus perritos escoltados y sabremos más de esos aprovechamientos cuando deje el bunker.

La Corte Suprema de Justicia, desde su torre de marfil, no pudo entender el clamor de muchos.

Tampoco oyó lo que significaba elegir tácitamente a Martha Mancera como fiscal general de la Nación encargada, al demorar la selección de la nueva fiscal.

Las evidencias se han ido acumulando y los risibles autoarchivos de los procesos contra la vicefiscal Martha Mancera no convencen a nadie. Sin embargo, los señores magistrados por conducta concluyente decidieron entregarle a ella la dirección del ente investigador.

Tuvieron ojos para ver, pero no vieron.

También el probable próximo vicefiscal Gabriel Ramón Jaimes tiene una larga historia de persecuciones y favoritismos.

De su incapacidad jurídica hablan los resultados de sus fallidos exámenes para acceder por concurso a un nombramiento en la rama judicial. De su arbitrariedad dan cuenta sus actuaciones en varios procesos públicos. De su favoritismo administrativo saben los subalternos que han sufrido su poder.

Por ejemplo, en la Fiscalía muchos funcionarios conocen la carrera meteórica de una de sus amparadas, la doctora Diana Marcela Lozada Herrera, quien empezó como asistente de fiscal II y fue ascendida cuatro veces hasta llegar a fiscal delegada ante tribunal. Su salario se duplicó bajo la influencia de Gabriel Ramón Jaimes.

La hermana de la doctora Lozada, Lady Carolina Lozada, entró en el año 2022 a la Fiscalía como técnico en investigación 2 y ascendió poco después a profesional en gestión. Ese paso que demoró para ella apenas siete meses a otros funcionarios les ha tomado 15 años.

Con lo de ayer solo ganan Francisco Barbosa, Martha Mancera, Gabriel Ramón Jaimes y los favorecidos con impunidad o con ventajas burocráticas por sus gestiones.

Bonus track

Les recomiendo estar pendientes de la denuncia que hará el abogado Ramiro Bejarano en su columna del próximo domingo en El Espectador.