El lío de un predio de la SAE que podría dejar a San Andrés con desabastecimiento
Jorge Méndez, representante a la Cámara, habló en Sigue La W sobre la coyuntura.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene previsto desalojar a la Sociedad Portuaria Transmarsyp, encargada de aproximadamente el 80% del tránsito de mercancías hacia la Isla de San Andrés. Esta medida ha generado gran preocupación entre congresistas y miembros de la sociedad portuaria, quienes advierten que, de llevarse a cabo, la isla se verá sumida en una grave crisis.
La falta de carga de alimentos y otros bienes esenciales, junto con las consecuentes afectaciones al turismo y la economía local, amenazan la subsistencia de los isleños.
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El origen del conflicto se remonta a 2011, cuando la SAE asumió la administración de un terreno tras el proceso de extinción de dominio de la empresa Howard Transporte Marítimo, que tenía un contrato de arrendamiento con Transmarsyp desde 2004. Ahora, la SAE busca desalojar a Transmarsyp, lo que podría dejar a la isla sin suministros básicos.
En entrevista con Sigue La W, Milton Meza, gerente de Transmarsyp, aseguró que “esto es algo que no se resuelve de la noche a la mañana, esta empresa lleva 20 años de experiencia y no improvisamos, por aquí pasa desde alimentos hasta el gas propano. Yo creo que no han dimensionado la magnitud del problema que sería este desalojo. Mientras exista una solución el pueblo isleño va a sufrir y no es la idea”.
Referente al caso, el representante a la Cámara por el departamento de San Andrés y Providencia, Jorge Méndez, mencionó que “detrás de esto, la SAE tiene algún tipo de negocio y no lo podemos permitir, porque afecta la seguridad alimentaria de la isla. Todas las decisiones unilaterales no van a afectar”.
Además, sentenció que “el problema no es si la SAE deba o no adelantar sus procesos con el arrendador del predio, el problema real es que Transmarsyp es indispensable para la isla. Esto se hace con inexperiencia desde la SAE”.
A pesar de las protestas, el proceso de desalojo inició el jueves 29 de febrero, pero fue detenido por orden judicial debido a su impacto en la población. Lo anterior cuando el gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo, como el gerente de la SAE en Cartagena, Juan Felipe García, habían anunciado previamente que no se llevaría a cabo.
Por su parte, la respuesta de la SAE ha sido escasa, limitándose a afirmar que están siguiendo los procedimientos legales. La incertidumbre persiste mientras la isla enfrenta una situación crítica que requiere una pronta solución para garantizar su supervivencia.
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