Habla José Antonio Salazar, el hombre que otorgó la licitación de pasaportes

El presidente Gustavo Petro lo ha llamado “traidor”. Las redes sociales están llenas de mensajes, no sustanciados, que asumen como cierto que tomó su decisión multimillonaria como producto de un soborno.

José Antonio Salazar, hasta hace unos días secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la práctica el funcionario más cercano al canciller suspendido Álvaro Leyva Durán, fue quien en una operación relámpago revocó decisiones de su jefe y amigo por 30 años para otorgar la licitación de los pasaportes a la unión temporal de la que hace parte Thomas Greg and Sons, la empresa de los hermanos Bautista que lleva 18 años haciendo los pasaportes de Colombia.

Salazar lo hizo con tres resoluciones mañaneras basado en que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, le devolvió la dirección del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la entidad suscriptora del contrato de los pasaportes.

Salazar es un abogado de 75 años, coronel de la reserva de la Fuerza Aérea, exgobernador encargado del Putumayo, excongresista según algunas informaciones cercano al jefe conservador de Caldas Omar Yepes, y hermano del exmagistrado de la Corte Suprema Ariel Salazar a quien a su vez le atribuyen cercanía con la procuradora Margarita Cabello, la misma que suspendió al canciller Álvaro Leyva.

Él es el hombre que está en el ojo del huracán.

A propósito de la presunta extorsión al canciller Leyva, la Fiscalía General de la Nación, que a través de dos fuentes confidenciales me dijo que no es cierto que hubiera aprobado el pago al supuesto extorsionista como lo afirmó Álvaro Leyva, le ratificó esta información por escrito al periodista Jorge Espinosa de 6AM de Caracol Radio, quien lo preguntó a través de un derecho de petición.

El pago de esos dineros (algunos dicen que son 30 millones y otros que 28) se hizo depositándole al posible extorsionista en una cuenta de Bancolombia fue efectuada con dineros de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI y sin aprobación de un fiscal.

Esto es especialmente sensible porque la DNI depende directamente del presidente Gustavo Petro.

En la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sucesora del tristemente recordado DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), existe la tesis de que el pago se podía hacer y que quedará saneado con el control posterior que le corresponde únicamente al contralor delegado para Seguridad y Defensa. Otros piensan que, sin visto bueno previo de un fiscal, sería un pago ilegal.

Como sea, la decisión del presidente Gustavo Petro de relevar al director de la DNI, Manuel Alberto Casanova, pasa por este polémico pago.

El periodista Jorge Lesmes reveló en la revista Alternativa que, por cuenta del pago de la supuesta extorsión a Álvaro Leyva, también salieron el director de Inteligencia y Contrainteligencia, el subdirector de Operaciones y la secretaria privada de Casanova.