JEP reprocha negligencia de Cancillería sobre archivos de la toma del Palacio de Justicia
El Ministerio de Exteriores tiene diez días para detallar qué gestiones ha adelantado para que Estados Unidos desclasifique documentos clave del crimen.
JEP imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Long Visual Press
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio a la Cancillería diez días para que informe qué gestiones ha adelantado ante el Gobierno de Estados Unidos para lograr la desclasificación de archivos sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Así quedó constatado en un auto de siete páginas adoptado en el marco de las medidas cautelares solicitadas por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado asesinado durante la retoma Carlos Urán. El documento muestra una presunta negligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Urán acudió a la JEP para solicitar medidas cautelares que protejan y resignifiquen la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur, tres lugares bogotanos en los que las Fuerzas Militares cometieron torturas y asesinatos de personas retenidas en la retoma.
La Jurisdicción respondió con varios trámites, incluyendo una audiencia pública el 22 de septiembre de 2023. En ella, la magistratura le ordenó a la Cancillería “realizar las gestiones diplomáticas necesarias tendientes a obtener del gobierno de los Estados Unidos la desclasificación de los archivos”.
En diciembre de 2023, la Jurisdicción impartió la orden por escrito, mas en enero de 2024 el ente gubernamental no respondió, así que la Sección acudió a otro auto para darle diez días hábiles a la Cancillería para que presente un informe. El ministerio contestó en febrero.
La entidad, de la que Álvaro Leyva ya había salido tras una suspensión provisional por parte de la Procuraduría, afirmó que el 8 de febrero de 2024 le envió un correo a la Embajada de Estados Unidos, pero que carecía “de injerencia en cuanto a los términos que tienen las autoridades norteamericanas”.
O sea, para la cartera diplomática, respetando “los principios de voluntariedad y soberanía de los Estados”, no se podía hacer mucho más luego de enviar la solicitud, pues no conoce la reglamentación “para llevar a cabo las diligencias solicitadas o para dar una respuesta sobre las mismas”.
Para Urán y para la JEP, no obstante, se trata de una omisión de la orden inicial. “A la fecha, no se ha rendido informe alguno que señale el estado de cumplimiento de la orden”, reseñó la Sección, dado que han pasado más de seis meses sin detallar qué ha ocurrido luego del correo de febrero.
“La Cancillería colombiana, en el marco de la cooperación internacional establecida con el Gobierno de EE.UU., debe promover y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y de las víctimas del conflicto armado, determinando los mejores mecanismos”, reclamó la JEP.
