Internacional

Condenaron en Bélgica a pareja por planear ataques contra judíos y LGTBI

Según la fiscalía federal, sus planes de cometer los atentados ya estaban muy avanzados e incluso habían alquilado un garaje para guardar armas y explosivos

Bandera LGBT y bandera de Israel. Imagen de referencia Getty Images.

Bandera LGBT y bandera de Israel. Imagen de referencia Getty Images. / george tsartsianidis

Un ciudadano checheno y su mujer han sido condenados este lunes 9 de septiembre por un tribunal de Brujas (Bélgica) a 15 y 8 años de prisión respectivamente por planear atentados en el barrio judío y en un bar LGTBI de la ciudad belga de Amberes.

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El Tribunal Correccional de Brujas condenó al hombre, Abubakar S., de 26 años y habitante de Menen (Flandes Occidental), a 15 años de prisión firme y a su esposa, Liza M., de 35 años, a ocho años de prisión, por planificar un atentado en el barrio judío y en un bar LGBTQ de Amberes, indicó la agencia Belga.

El fiscal había solicitado 18 años de prisión para ambos.

La investigación comenzó cuando Abubakar S. empezó a radicalizarse en la primavera de 2023.

Primero se acercó al Estado Islámico (EI) a través de Telegram, donde comenzó a mantener conversaciones sobre un posible atentado terrorista que querían cometer en el verano de 2023.

Los informes de los investigadores mencionan el barrio judío de Amberes y un bar gay de Amberes como posibles objetivos de esos ataques que querían llevar a cabo.

Después, el detenido entró en contacto con un agente encubierto mientras buscaba armas y cómplices para el atentado.

Abubakar S. fue arrestado tras haber comprado un arma al agente encubierto, a quien había encargado también un Kalashnikov y granadas.

Según la fiscalía federal, sus planes de cometer los atentados ya estaban muy avanzados e incluso habían alquilado un garaje para guardar armas y explosivos.

El diario flamenco De Standaard explica que los condenados querían cometer también ataques menores en la región donde habitan.

“Querían matar al mayor número posible de víctimas en lugares públicos de manera coordinada”, señaló la Fiscalía federal, que reclamaba una multa de 12.000 euros y dieciocho años de prisión.

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