Concepto favorable de Consejo de Estado a contrato de Cerro Matoso
La decisión del Ministerio de Minas podría girar en torno a una prórroga con el fin hacer ajustes al contrato inicial en busca de incrementar las partidas por regalías.
(Thot)
El Consejo de Estado indicó hoy que el contrato de explotación minera llevado a cabo por el Gobierno y la Empresa Cerro Matoso S.A, no se puede prorrogar si no que se debe renegociar.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Alto Tribunal, con ponencia del magistrado Augusto Hernández Becerra, señaló que no es posible hacer la prórroga de los porque ya existe un acuerdo anterior entre el Ministerio de Minas y la multinacional para continuar con la explotación de níquel una vez los dos primeros contratos expiren el 30 de septiembre de 2012.
Se trata del contrato 051 de 1996 según el cual las harás de explotación minera en la jurisdicción del municipio de Monte Líbano, que contempla los contratos 866 y 1727 serán incorporadas al primero el cual goza de plena vigencia.
El Alto Tribunal señala que el gobierno debe renegociar los términos de los contratos vigentes para que las condiciones sean pertinentes para todos los colombianos.
“El gobierno deberá tener en cuenta el modelo de los estándares de la legislación minera y ambiental, puesto que es su deber constitucional velar por la integridad del patrimonio de la nación y proteger los derechos sociales implicados en la actividad de gran minería”, agregó el consejo de estado.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Alto Tribunal, con ponencia del magistrado Augusto Hernández Becerra, señaló que no es posible hacer la prórroga de los porque ya existe un acuerdo anterior entre el Ministerio de Minas y la multinacional para continuar con la explotación de níquel una vez los dos primeros contratos expiren el 30 de septiembre de 2012.
Se trata del contrato 051 de 1996 según el cual las harás de explotación minera en la jurisdicción del municipio de Monte Líbano, que contempla los contratos 866 y 1727 serán incorporadas al primero el cual goza de plena vigencia.
El Alto Tribunal señala que el gobierno debe renegociar los términos de los contratos vigentes para que las condiciones sean pertinentes para todos los colombianos.
“El gobierno deberá tener en cuenta el modelo de los estándares de la legislación minera y ambiental, puesto que es su deber constitucional velar por la integridad del patrimonio de la nación y proteger los derechos sociales implicados en la actividad de gran minería”, agregó el consejo de estado.
