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Consejo de Estado condena a la Nación por homicidio de Jaime Garzón

Según el alto tribunal, existen pruebas de que los hechos del atentado fueron resultado de la violación sistemática a los derechos de varias personas.

El humorista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Foto: Colprensa

El humorista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Foto: Colprensa(Thot)

En un fallo histórico, la sección tercera del Consejo De Estado condenó al  Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Policía Nacional y al extinto DAS por su responsabilidad agravada en el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón, que según ese alto tribunal  se constituyó en un delito de lesa humanidad.

Para la sección tercera de ese tribunal, existen pruebas en las que se evidencia que el  ex subdirector de Inteligencia del DAS, José Miguel Narváez y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército general, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, adelantaron seguimientos contra Garzón y luego le entregaron los datos recolectados al líder de la AUC, Carlos Castaño, y le sugirieron ordenar el homicidio.

En las pruebas recolectadas mediante testimonios, las labores de Garzón como intermediario en algunos secuestros perpetrados por las Farc generaron que se le viera como alguien cercano o afín a esa guerrilla, y por eso se habría sugerido a Castaño acabar con su vida.

“Las pruebas del proceso dan cuenta de que la muerte del señor Jaime Garzón Forero fue determinada por el entonces máximo jefe del grupo ilegal denominado Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, quien ordenó a miembros de la banda criminal denominada “La Terraza” cometer el crimen. También está probado que por razón de ese delito fue condenado a pena privativa de la libertad de 38 años de prisión, hecho con base en el cual las demandadas han alegado la eximente de responsabilidad al atribuir a ese tercero la responsabilidad por el daño que originó la presente acción”, dice el fallo.

También se determinó que ese crimen se perpetró en medio de unas conductas sistemáticas que generaron graves violaciones a los derechos humanos.

Por esta razón, para indemnizar a la familia del humorista “se condena a la Nación a la suma aproximada de 700 millones de pesos, equivalentes a (200) SMLMV a favor de la madre de la víctima directa y (100) a favor de sus hermanos por concepto de perjuicios morales; por concepto de afectación a bienes constitucional y convencionalmente afectados la suma de (100) SMLMV. Finalmente, por lucro cesante y daño emergente  se reconociera únicamente la suma de $200’000.000, dado que la parte actora en la demanda solicitó únicamente esa suma”.

Y para que se haga efectiva una indemnización integral, se ordenó a la Nación:

1. Tanto el Comandante General del Ejército Nacional como el Director General de la Policía Nacional, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia realizarán un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de la víctima directa del presente caso, el cual deberá contener, además, un reconocimiento expreso de responsabilidad agravada por los hechos que dieron origen a la presente acción; para la realización de dicho acto solemne se deberá citar con prudente anticipación a distintos medios de comunicación nacional.

2. El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un link con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. La entidad demandada, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de esa institución.

3. Remítase al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación, copia de la presente sentencia con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia.

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