Contraloría Distrital denuncia detrimento patrimonial de mil millones de pesos por obra sin utilizar

La Contraloría envió una función de advertencia al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el detrimento patrimonial de más de mil millones de pesos que ha generado la no utilización de la Unidad Permanente de Justicia de Puente Aranda.

De acuerdo con el contralor distrital, Diego Ardila, el Fondo de Vigilancia recibió la obra hace dos años y no se le ha dado uso, y se está pagando un arriendo mensual de más de 50 millones de pesos en otro lugar donde está funcionando la Unidad Permanente de Justicia.

''Habiendo recibido desde hace dos años esas instalaciones no ha sido puesta en funcionamiento, mientras tanto, Bogotá paga 52 millones de pesos de renta mensual, en un sector muy cercano para la UPJ en donde no hay especificaciones técnicas y asinamiento de las personas que son recluídas ahí'', indicó.

El Contralor Distrital señaló que esta obra costó más de 3 mil 600 millones de pesos y ya presenta deterioro. Agregó que el alcalde tiene plazo de 5 días a partir de hoy para responder esta función de advertencia.