Sobre las 4:00 p.m., el Gobierno radicó en el Congreso objeciones parciales porque dentro del paquete de leyes eliminadas se incluyó una que está vigente: la ley 600 de 2000 que permite investigar y juzgar a los aforados, es decir, a congresistas, al contralor, al procurador, a magistrados, entre otros altos funcionarios.
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Para el Gobierno, esta ley es perjudicial porque pone en riesgo la norma que utiliza la Corte Suprema de Justicia para adelantar sus procesos penales.
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