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Con Martín de Francisco y Hernán Peláez.


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Las decisiones tomadas por el Congreso en este tiempo fueron legítimas: Alberto Rojas

El magistrado de la Corte Constitucional dijo que ningún poder puede tomar determinaciones que puedan incidir en la autonomía de otro.

No es la Corte Constitucional la que tiene que decirle al Congreso como actuar: Alberto Rojas. Foto: Colprensa

Tras la decisión de declarar inconstitucional el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del presente año, que habilitaba la realización de sesiones no presenciales, el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, explicó que las decisiones tomadas por el Congreso en este tiempo fueron legítimas.

En diálogo con La W, el magistrado indicó que, con dicha decisión, la Corte Constitucional garantizó la plena autonomía del Congreso de la República para determinar, conforme a su reglamento y la Constitución Política, el ejercicio de sus competencias constitucionales como cabeza de uno de los órganos de poder público en la Democracia.

Por esa razón, declaró inconstitucional el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del presente año que habilitaba la realización de sesiones no presenciales cuando por cualquier medio los miembros de órganos, corporaciones, salas, juntas o concejos colegiados de todas las ramas del poder público en todos los órdenes territoriales para deliberar y decidir.

Esta habilitación, a criterio de la Corte, era innecesaria por cuanto los reglamentos, la ley y la Constitución constituyen el régimen conforme al cual se surte el debido proceso de deliberación y decisión de las corporaciones y autoridades que integran las diversas ramas del poder público conforme a los Reglamentos que obviamente pueden ser modificados siguiendo claros parámetros de constitucionalidad.

Para el alto tribunal, las sesiones no presenciales allí autorizadas para deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, pertenecen a la esfera de la independencia y autonomía de cada uno de los órganos que estructuran el poder público, y corresponde a determinaciones que derivan de la Constitución, de sus reglamentos y de la ley, lo cual hace innecesaria la intervención de otro órgano del poder público que intervengan en términos de habilitación.

La decisión de la Corte Constitucional se toma sin perjuicio de las garantías a la salud, el bienestar y en especial a la protección de quienes integran el Congreso de la República y su cuerpo de funcionarios y empleados. Y precisa además que corresponde al órgano ejecutivo del poder público facilitar los medios logísticos indispensables para que los demás órganos puedan ejercer con eficiencia y eficacia sus funciones constitucionales.

Cabe señalar que la sentencia solo surte efectos hacia el futuro. Las deliberaciones y decisiones virtuales del legislativo se entienden legítimamente emitidas durante la vigencia del artículo 12 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del año que avanza, toda vez que, en principio, su constitucionalidad se presumía.