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Las interceptaciones de la Fiscalía en caso de corrupción en el Meta

Una red de funcionarios judiciales se concertaron para otorgar beneficios irregularmente a capturados por delitos como hurto.

Se trata de una red de funcionarios judiciales que se concertaron para otorgar beneficios irregularmente a capturados por delitos como hurto. Foto: Getty Images

La W conoció en exclusiva las interceptaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación que dejan al descubierto la corrupción en el sistema judicial de la ciudad de Villavicencio.

Se trata de una red de funcionarios judiciales que se concertaron para otorgar irregularmente beneficios a capturados por delitos como el hurto. La banda era liderada por un abogado que concertaba con los capturados sus libertades o detenciones domiciliarias a cambio de millonarias sumas de dinero.

En este primer audio, se escucha al abogado Nelson Guzmán Hernández y a la esposa del fiscal 17 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en la que hablan de beneficios para un capturado por hurto.

El abogado pide beneficios para un familiar.

En el juzgado también fueron escuchadas conversaciones en las que el abogado Guzmán llamaba a su esposa, Paola Andrea Dávila Tafur, con quien compartía lo planeado. De paso, acordaban el modo de entregar los pagos que habrían sido acordados con el fiscal.

Otra mujer, identificada como María Cristina Acosta Olaya, también fue vinculada al proceso por ofrecer y entregar dinero a cambio de beneficios judiciales a los hoy investigados.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó cargos a los implicados por concierto para delinquir como autores, en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo y sucesivo con cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo con asesoramiento ilegal y prevaricato, los cuales no fueron aceptados.

En este caso, la Fiscalía pidió prisión domiciliaria para Paola Andrea Dávila Tafur y María Cristina Acosta Olaya. En el caso de Óscar Fernando Albán Caicedo, Nelson Guzmán Hernández y Solandy Parra Gómez, el ente investigador pidió detención en centro carcelario.