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¿Por qué los colombianos tendríamos que pagarle a los bancos por Ruta del Sol?

¿Y por qué no responde el Consorcio Ruta del Sol 2, Consol de Corficolombiana Grupoa Aval, el Grupo Solarte y Odebrecht?

Los colombianos tendríamos que pagar a los bancos 1,2 billones de pesos que le prestaron al consorcio Ruta del Sol S.A.S porque durante el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos y con los votos del Centro Democrático se aprobó el artículo 20 de la ley 1882 que nos obliga a pagar de nuestro bolsillo lo que los contratistas, así sean corruptos, le pidan prestado a las entidades financieras.

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Son siete  bancos, considerados como los terceros de buena fe, a los que se les deberá pagar, cuatro de ellos pertenecen al Grupo Aval. Los mayores pagos irían para Banco de Bogotá y Bancolombia, a quienes se les debe $366.818 millones y $332.603 millones, respectivamente.

La diferencia de saldo sería, a su vez, para Davivienda ($203.452 millones), Banco de Occidente ($117.125 millones), Itaú ($100.731 millones), Banco Popular ($88.416 millones) y Banco Av Villas ($40.920 millones). 

 

¿Pero por qué no responde el Consorcio Ruta del sol 2, Consol de Corficolombiana Grupoa Aval, el Grupo Solarte y Odebrecht?

José Roberto Acosta asegura que “el entonces senador Ivan Duque solicitó investigar a Odebrecht por competencia desleal el 23 de enero de 2017, investigaciones de las que salió la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces dirigida por Pablo Felipe Robledo, ordenando la terminación anticipada del contrato y  por común acuerdo, evitando la Caducidad del irregular contrato y las respectivas sanciones en multas e inhabilidad para volver a contratar con el Estado y abriéndole la posibilidad a los corruptos para que hoy nos tengan demandados ante un tribunal internacional por $3.8 billones adicionales”.

Todas las partes están esperando conocer el fallo que entregará el tribunal de arbitramiento el próximo 6 de agosto para determinar cuál es la suma que deberán pagarle a los bancos, que puede ser un valor inferior o el de 1,2 billones de pesos. 

Sin embargo, el Ministerio de Transporte se está anticipando a la decisión del tribunal pensando en pagar la deuda como si ya la conociera, aludiendo que están negociando con los bancos para ahorrase una cifra cercana a los $230.000 millones de intereses.

¿En este escenario, entonces quién debe pagar?