Honduras se compromete investigar incendio de penal sin descartar hipótesis

Honduras se comprometió este viernes a investigar sin descartar ninguna hipótesis el incendio del penal de Comayagua que dejó 356 reclusos muertos, durante una reunión en San Salvador de los ministros de Seguridad y Defensa de ese país, de El Salvador y de Guatemala.

"Las investigaciones se van hacer hasta las últimas consecuencias. Las instancias (a las) que les corresponde realizar la investigación en Honduras la están haciendo", declaró en una rueda de prensa el ministro de Seguridad hondureño, Pompeyo Bonilla.

Bonilla y sus homólogos de El Salvador y Guatemala firmaron al concluir al reunión, que había comenzado por la mañana y terminó en la tarde, una declaración en la que se comprometen a enfrentar con un "enfoque integral" el fenómeno de la delincuencia.

Al ser preguntado sobre la versión de un presunto complot de policías y del director del presidio para provocar el desastre, Bonilla dijo que "se están haciendo investigaciones sobre eso porque no hay que descartar absolutamente nada" y "cuando se presenta una denuncia pues hay que investigarla".

No obstante, "todo nos indica que no es una denuncia de mucha credibilidad", añadió.

El ministro afirmó que ya recibieron "el apoyo" de Estados Unidos y de otros países para llevar a cabo la investigación y que el presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha prometido que será "diáfana" para ser presentada a la comunidad internacional.

Tras insistir en que "se va hacer una investigación profesional", Bonilla sostuvo que ésta es realizada por la Fiscalía General de su país y tendrá la cooperación internacional de "especialistas" en el área de incendios.

Al referirse al estado de hacinamiento de los presidios en Honduras, reconoció que el sistema penitenciario de su país "como en toda Latinoamérica está colapsado".

"Está colapsado por la situación de alta delincuencia que es causada por el crimen organizado (y) que nos ha rebasado", aseguró.

Sin embargo, adelantó que su gobierno tomará "todas las acciones administrativas" que sean necesarias para preservar la vida de los internos en un "momento tan difícil".

Por su parte, el ministro de Seguridad de El Salvador, David Munguía, sostuvo que el caso del penal de Comayagua "no debería repetirse jamás" en los países de la región, caracterizados por un hacinamiento "grande" de sus cárceles.

En su declaración final, los ministros de Seguridad y de Defensa sostienen que "es necesario hacer esfuerzos para construir nuevos centros penales o mejorar los existentes para resolver el problema del hacinamiento carcelario".

Otro de los acuerdos fue "dar continuidad" al proyecto de "Policía Trinacional" mediante la conformación de una mesa de trabajo entre los tres países, que conforman el denominado Triángulo Norte, que busque "mejores resultados" en el control de la delincuencia cerca de las fronteras.

En ese sentido establecieron que, ante la "amenaza" actual de la delincuencia y el crimen organizado, "es de suma importancia la participación de las fuerzas armadas en el combate a dicha amenaza y en apoyo de la seguridad pública, por contar con recursos de vital importancia".

Igualmente, se comprometieron a "mejorar los mecanismos de coordinación e intercambio de información e inteligencia" para enfrentar de "forma más efectiva" el flagelo del narcotráfico y otros delitos.

En la declaración los titulares de Seguridad reconocen que la región "ha dejado de ser únicamente territorio de paso para el narcotráfico, constituyéndose además en un mercado local de venta de droga por menudeo, tráfico de armas y lavado de dinero, lo que genera un aumento del crimen organizado".

Los ministros de los países del Triángulo Norte admitieron que las pandillas o "maras" se han convertido "en el mayor generador de violencia" en el istmo y que además éstas tienen una "estrecha relación" con el narcotráfico por medio de la protección de la droga en su tránsito por la región.