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Condena por presunta corrupción tras contratos del sector público

La Fiscalía descubrió un modelo ilegal en el que varias empresas acordaron su participación en subastas públicas, fingieron libre competencia y se quedaron con contratos.

La Fiscalía descubrió un modelo ilegal en el que varias empresas acordaron su participación en subastas públicas, fingieron libre competencia y se quedaron con contratos.. Foto: Getty Images

La fiscalía descubrió un modelo ilegal en el que varias empresas acordaron su participación en subastas públicas, fingieron libre competencia y se quedaron con contratos de suministro de insumos de papelería y artículos de aseo para entidades públicas.

Un juez penal de Bogotá condenó a 48 meses de prisión a Ricardo Méndez Mora como coautor del delito de acuerdos restrictivos de la competencia, en el entendido de que actuó como el gestor del esquema ilícito.

La decisión también afectó a tres empleados del procesado, quienes fueron sentenciados a 36 meses de prisión en condición de cómplices. Ellos son: Hermes David Arévalo Pissa, Luis Fernando Bayona Mora y Fabián Schineider Franco.

Estas cuatro personas aceptaron inicialmente los cargos imputados por la Fiscalía. El juzgado decidió que estas personas deberán cumplir la condena en establecimiento carcelario, tan pronto termine la emergencia decretada con ocasión de la COVID-19.

Según la Fiscalía los imputados crearon empresas de papel para presentarse como independientes a la adjudicación de los contratos. Posteriormente, se concertaron mediante correos electrónicos para definir la compañía que se quedaría con el contrato a cambio de que esta distribuyera a los demás una bolsa de dinero.

De esta forma, definieron no hacer contrapropuestas que afectaran a la ganadora, pero siempre daban apariencia de libre competencia. Incluso, en algunos casos dejaron de pujar y simplemente se retiraron.

El condenado, Ricardo Méndez Mora, y sus empresas creadas para tal fin violaron las normas de libre mercado. Bajo este modelo ilícito participaron en procesos de contratación realizados por la Gobernación de Antioquia, el SENA Seccional Antioquia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.

En todos los casos se estableció que las entidades no pagaron valores por encima de los establecidos en la ley. El reparto de bolsa fue comprobada durante la investigación en los procesos pre contractuales en la Gobernación y Sena Seccional Antioquia.