Condenan al Estado por la muerte de 38 militares atacados por las Farc
El mayor del Ejército al que le fue solicitado apoyo mandó a la tropa a comprar los elementos bélicos al almacén Ley, tras considerar que sus integrantes tenían mucho miedo.
Foto: El Tiempo.(Thot)
El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional fueron condenados por el Consejo de Estado por la muerte de 38 soldados y las heridas que recibieron nueve militares más durante una incursión de la guerrilla de las Farc a una batería del batallón de artillería de brigada número 13 que se encontraba en Gutiérrez (Cundinamarca), en hechos registrados el 18 de julio de 1999.
Ante las informaciones de inteligencia sobre un posible ataque guerrillero, el comandante de la batería solicitó apoyo para afrontar la situación, pero no le fue entregada ayuda alguna por parte del oficial encargado.
El mayor del Ejército encargado de atender los requerimientos consideró que el oficial y la tropa que componía la batería B tenían mucho miedo y, por ello, mandó a comprar las ametralladoras, proyectiles y demás elementos bélicos al almacén Ley para que se defendieran.
“Tal conducta no puede sino ser calificada de irresponsable, irrespetuosa, negligente y, por lo demás, burlona, la que asumieron los oficiales superiores aludidos frente a la incesante solicitud de apoyo que elevaron los miembros de la batería B ante la inminencia de un ataque guerrillero (…) Constituyó una inaceptable falta de respeto y a la vez un constante desconocimiento a la dignidad humana de los hombres que se encontraban bajo su mando”, indica el Consejo de Estado.
Con la ponencia de magistrado Mauricio Fajardo Gómez, la sección tercera explica que la conducta de los oficiales superiores refleja un desprecio total por el sagrado y fundamental derecho a la vida de todos aquellos soldados, oficiales y suboficiales que con ejemplar disciplina continuaron cumpliendo sus órdenes, sin contar con los medios y el apoyo para ellos.
Ante las informaciones de inteligencia sobre un posible ataque guerrillero, el comandante de la batería solicitó apoyo para afrontar la situación, pero no le fue entregada ayuda alguna por parte del oficial encargado.
El mayor del Ejército encargado de atender los requerimientos consideró que el oficial y la tropa que componía la batería B tenían mucho miedo y, por ello, mandó a comprar las ametralladoras, proyectiles y demás elementos bélicos al almacén Ley para que se defendieran.
“Tal conducta no puede sino ser calificada de irresponsable, irrespetuosa, negligente y, por lo demás, burlona, la que asumieron los oficiales superiores aludidos frente a la incesante solicitud de apoyo que elevaron los miembros de la batería B ante la inminencia de un ataque guerrillero (…) Constituyó una inaceptable falta de respeto y a la vez un constante desconocimiento a la dignidad humana de los hombres que se encontraban bajo su mando”, indica el Consejo de Estado.
Con la ponencia de magistrado Mauricio Fajardo Gómez, la sección tercera explica que la conducta de los oficiales superiores refleja un desprecio total por el sagrado y fundamental derecho a la vida de todos aquellos soldados, oficiales y suboficiales que con ejemplar disciplina continuaron cumpliendo sus órdenes, sin contar con los medios y el apoyo para ellos.
