Judicial

Fiscalía imputó cargos a exalcalde de San Juan de Betulia por anomalías en sector salud

El próximo martes 26 de agosto se llevará a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

La Fiscalía imputó cargos contra Regulo Carmelo Puentes Cervantes, Eider Manuel Moreno Arias y Jesús Antonio Fajardo Lagares. Foto: Colprensa

La Fiscalía imputó cargos contra Regulo Carmelo Puentes Cervantes, Eider Manuel Moreno Arias y Jesús Antonio Fajardo Lagares. Foto: Colprensa(Thot)

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público la Fiscalía imputó cargos contra el exalcalde San Juan de Betulia (Sucre), Regulo Carmelo Puentes Cervantes; el exjefe de la Oficina de Gestión y Organización Comunitaria, Eider Manuel Moreno Arias, quien también era el supervisor del contrato; y el representante legal de la Corporación Social Dissero, Jesúa Antonio Fajardo Lagares, quienes fueron capturados por la Policía Nacional.

El ente acusador argumentó en la audiencia preliminar que el 17 de septiembre de 2015 se suscribió un contrato entre la alcaldía municipal de San Juan de Betulia —a cargo de Puentes Cervantes para ese entonces—, con la citada Corporación por un valor de $103’544.800, con el fin de impulsar programas de interés público con campañas que promocionaran la salud visual y la rehabilitación oral que incluía prótesis dental para los adultos mayores de esa población que la necesitaran. Sin embargo, pese a los compromisos adquiridos que debían ejecutarse en un plazo de dos meses, no se cumplió con el contrato.

Las investigaciones adelantadas por el ente acusador permitieron evidenciar que la documentación no fue subida al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) en el tiempo correspondiente, ni con los requisitos que debía llenar; además de no ser iguales a los documentos físicos que reposaban en la Alcaldía.

Por otra parte, según la Fiscalía, en las diligencias judiciales realizadas a ese despacho se pudo constatar que las certificaciones presentadas eran falsas y no acreditaban la idoneidad de la empresa contratista.

Adicionalmente, se evidenció que no se hizo estudio previo y que al parecer se adicionaron $16 millones al contrato, pagándose en su totalidad en dos entregas $131’990.000: la primera de $66’220.000 y la segunda de $65’770.000.

El próximo martes 26 de agosto se llevará a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

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