Hunden proyecto de ley de víctimas

Un proyecto de ley para reparar a las víctimas de la violencia política en Colombia naufragó en el Congreso, luego de que el presidente Álvaro Uribe pidiera el jueves hundirlo, molesto con una norma que obligaría a resarcir a los afectados por agentes estatales.

Por 48 en contra y 24 a favor, el Senado rechazó el texto sometido a voto luego de la instrucción presidencial, que había sido revelada a la prensa por un congresista.

"Se decidió hundir esta ley de víctimas", aseguró más temprano el senador Armando Benedetti tras una reunión de legisladores oficialistas con el mandatario.

Alegando vicios de trámite, Benedetti había anunciado el voto en contra de la bancada oficialista, lo que implicaba el naufragio del texto conciliado el miércoles por comisiones del Senado y la Cámara de Representantes, y que debía ser ratificado por el pleno de ambas corporaciones.

Con la decisión del Senado, ya es imposible que el proyecto de ley pueda ser revivido por la Cámara de Representantes, porque la normativa legislativa establece que la aprobación debe darse en las dos cámaras.

Ante el fracaso del texto, el ministro del Interior, Fabio Valencia, anunció que el gobierno presentará un nuevo proyecto en la nueva legislatura que se inicia el 20 de julio.

Uribe rechazó que las víctimas del Estado tuvieran que ser indemnizadas sin una sentencia previa contra los culpables, como estipulaba el proyecto de ley rechazado.

Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU), Philip Alston, calificó la posición de "incongruente con el derecho internacional de los derechos humanos", en una conferencia de prensa con la que cerró el jueves su visita de 10 días a Colombia.

Alston deploró que los familiares de las víctimas de agentes del Estado "tengan que esperar hasta que un tribunal emita el fallo", lo que podría tardar años, para recibir la indemnización.

Según Uribe, la iniciativa obligaría al gobierno a desembolsar 80 billones de pesos (38.500 millones de dólares) en los próximos años, mientras que el requisito de la condena en las agresiones oficiales bajaría esa cifra a 22.000 millones de pesos (10.600 millones de dólares).

Se "crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas", señaló un comunicado de la presidencia.

Además, la ley constituiría una "grave amenaza" a la política de seguridad democrática, programa bandera de Uribe que promete la derrota de la guerrilla, porque "iguala a los terroristas con agentes del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada", añadió.

Uribe niega que en Colombia haya un conflicto armado, argumentando que las guerrillas de izquierda no tienen objetivos políticos.

El Ejecutivo logró el miércoles que la mayoría oficialista en la Cámara de Representantes aprobara el proyecto con el requisito de sentencia previa para las víctimas de agentes oficiales, generando el rechazo de la oposición y organizaciones de derechos humanos que lo consideraron discriminatorio.

La versión conciliada, que acogió el texto original, avalado previamente en el Senado, excluyó la condena en todos los casos.