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Megaoperativos en Nariño contra el crimen organizado

Según las autoridades, la operación conjunta dejó más de 200 personas capturadas, relacionadas con delitos de crimen organizado, amenazas a líderes sociales y seguridad ciudadana.

Operativos en Nariño. Foto: Colprensa

Autoridades presentaron los resultados de una serie de operativos de gran escala, con participación interinstitucional que se adelantaron en el departamento de Nariño, en el marco del combate del crímen organizado, el narcotráfico, y las amenazas a la seguridad de líderes sociales y población civil en general.

La operación identificada bajo el nombre de "EscudoII", habría contado con la participación de miembros del Ejército, la Policía, la Fiscalía, el INPEC, y otras entidades, y habría permitido la captura de más de 200 personas, así como acciones en favor del esclarecimiento del reciente crímen en contra de la personera Paula Andrea Rosero, hecho ocurrido en el municipio de Samaniego, así como el atentado en contra de líderes comunales en la vereda Paso Feo del corregimiento Curiaco, en Taminango (Nariño).

El informe de las autoridades también da cuenta de la erradicación de 1.646 hectáreas de coca, el desmantelamiento de 34 laboratorios para la producción de estupefacientes, la destrucción de 11 vehículos de maquinaria pesada utilizada en minería ilegal en el departamento, al igual que la incautación de una aeronave usada para hechos relacionados con el transporte ilegal de combustibles y el narcotráfico.
En el marco de la operación también fueron incautados dos decenas de bienes, los cuales estarían avaluados en  cerca de 8.090 millones de pesos.

La megaoperación estuvo compuesta por 113 operaciones y 126 allanamientos, que según las autoridades tuvieron como su principal diana a organizaciones delictivas y grupos armados ilegales como el ELN.

Según el informe presentado por las autoridades, la operación, en sus dos fases, cubrió la mitad de los municipios del departamento de Nariño.

En el marco de mencionadas operaciones, se destaca la captura de alias Mincho, presunto cabecilla urbano de la estructura del Oliver Sinisterra, y de Lisandro Meza Daza, alias El Ratón, responsable del atentado contra el líder social en Taminango, ocurrido el 22 de abril de 2019

La Fiscalía imputó a ‘Mincho’ por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Los reportes de inteligencia indican que este hombre, de 33 años de edad, habría entrenado y organizado un grupo que sería  responsable de homicidios selectivos y de ataques con granadas contra los establecimientos comerciales de personas que se negaban a pagar extorsiones en Tumaco.

(Lea en W: Cae segunda red de corrupción entorno a los recursos de la paz)

En el caso del asesinato de la personera municipal de Samaniego (Nariño), Paula Andrea Rosero Ordoñez, ocurrido el 20 de mayo del año en curso. Se logró, en Cali, la captura de su presunto determinador, Kevin Javier Mendoza Centeno, quien fue judicializado por el delito de homicidio agravado.

Según detalla el informe de las autoridades, las operaciones conjuntas también tuvieron un componente que atacó a la corrupción institucional, y producto de ello se dieron las capturas de los alcaldes de los municipios de La Tola; El Charco y Mosquera, al igual que el consejero de paz de La Tola y el contratista Eduardo Ghysais Vitola, junto a otros civiles

Finalmente, en la vereda El Cerro, en Magüí Payán (Nariño) fueron destruidas 11 excavadoras, 7 motores fuera de borda, 3 clasificadoras, 2 plantas eléctricas, entre otro tipo de maquinaria pesada con la que devastaron 35 hectáreas de bosque nativo para extraer ilícitamente oro. En el lugar se constató el grave daño ambiental ocasionado por el vertimiento de mercurio y otros elementos tóxicos al río Magüí, principal fuente de abastecimiento de agua a las poblaciones ribereñas.

Según en informe presentado por las autoridades, en la operación participaron 1.342 efectivos de la Fuerza de Tarea Hércules de las Fuerzas Militares, cerca de 2.900 miembros de la Policía Nacional en sus diferentes especialidades, 17 fiscales, 35 investigadores y 12 peritos del CTI.

La operación también tuvo el apoyo de 7 jueces de control de garantías,  la mayoría de ellos pertenecientes a otras seccionales del país, y quienes habrían llegado desde La Guajira, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Sucre.

 

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