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Niegan tutela contra el presidente de la JEP sobre comunicado durante el paro

Los promotores de la acción cuestionaron que el magistrado Eduardo Cifuentes suscribiera declaración conjunta con el presidente Duque y los presidentes de demás Altas Cortes.

Dos ciudadanos cuestionaron a tribunal Eduardo Cifuentes por firmar un comunicado de respaldo al diálogo impulsado por el gobierno y apoyado por presidentes de Altas Cortes. Foto: Colprensa / CAMILA DÍAZ

La Sección de Revisión de Tutelas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó una tutela interpuesta por dos ciudadanos, quienes cuestionaban al presidente del tribunal Eduardo Cifuentes por firmar un comunicado de respaldo al diálogo impulsado por el gobierno y apoyado por los presidentes de las Altas Cortes el pasado 6 de mayo, producto de la crisis social que atravesaba el país por las marchas.

En un cuestionario realizaron diez preguntas alegando inconformidad con lo suscrito allí, por tratarse de hechos ajenos al conflicto y a su juicio por reconocer las "políticas sociales" del gobierno para atender la pandemia y no condenar la violencia policial.

Debido a que no les gustó la respuesta que les dio días más tarde la presidencia de la JEP expresando que su cuestionario había sido resuelto de "manera desobligante", interpusieron la tutela argumentando que les habían vulnerado su derecho de petición y dos derechos fundamentales más.

Pero sus pretensiones fueron negadas, porque de acuerdo con los magistrados que resolvieron la tutela, el presidente de la jurisdicción aclaró que ese comunicado de respaldo a la institucionalidad no era una renuncia a la independencia judicial, y que se condenaron los actos violentos de forma general y equitativa de cualquier parte.

A su vez, aprobaron la respuesta del magistrado en que ese comunicado no extralimitó la competencia de la JEP porque no se habló de hechos concretos, sino de principios y que el reconocimiento a las políticas sociales del gobierno durante la pandemia se realizó porque es posible distinguirlo de otras "políticas públicas".

Por todo lo anterior, definieron que la presidencia de la JEP respondió de forma "clara, precisa y oportuna" los cuestionamientos de los dos ciudadanos y por tanto no se vulneraron sus derechos.

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