20 mil comparendos serían derogados en Santa Marta por contratación irregular

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, falló en primera instancia a favor del ciudadano Jaime Zuleta Suárez, quien en sus pretensiones jurídicas solicitaba la nulidad de 4 actos administrativos firmados por Carlos Caicedo en calidad de alcalde y Rafael Martínez, como secretario de la Unidad de Tránsito. 

Tales actuaciones se dieron entre 2012 y 2014 al otorgarles funciones a los agentes de Tránsito de la Policía Nacional, para monitorear el sistema electrónico de fotodetección, verificar y convalidar las infracciones a las normas de tránsito sin que existiera para la fecha el convenio o contrato con la Dirección General de la Policía. 

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Según Zuleta, el fallo no solo afecta a las infracciones detectadas por medios tecnológicos, sino también aquellas amonestaciones presenciales que fueron impuestas por los uniformados de la Policía. Son entre 15 mil y 20 mil comparendos que en los valores pecuniarios el monto total asciende a los $5 mil millones de pesos. 

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“Fue una demanda que iniciamos en 2015 con base a la contratación unilateral en 2012 que hizo Rafael Martínez, vinculando a la Policía en su especialidad de Tránsito urbano. Asimismo, con la expedición de decretos cada 3 meses por parte del entonces alcalde Caicedo donde hacía la misma vinculación. Ambos violaron el Código de Transito porque los contratos lo hicieron sin el visto bueno de la Dirección General de la Policía”, señaló Zuleta. 

El accionante agregó que con estas actuaciones, fuera del marco de un convenio, Caicedo y Martínez presuntamente incurrieron en un posible enriquecimiento ilícito en favor del Estado, prevaricato por acción, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.