Alcaldes del norte de Boyacá ejercen con zozobra y miedo por presencia de ilegales

En febrero de este año el norte de Boyacá era golpeado por subversivos del ELN que asesinaban a dos líderes comunales entre El Cocuy y Güicán de la Sierra, hecho que llevó a Parques Nacionales Naturales a cerrar el Nevado de El Cocuy, se habló de un consejo de seguridad en esa región del país que nunca se realizó y se verificó el nivel de riesgo de los alcalde de la zona, en el que según los mandatarios la Unidad Nacional de Protección (UNP) les  iba a garantizar su seguridad.

El alcalde de Socotá, William Correa, dice que después de dos meses lo único que le asignó fue un chaleco antibalas y un botón de pánico, en una zona de alta presencia integrantes del ELN y de las disidencias de las Farc.

“La Policía hizo el estudio de seguridad, el cual me dio a mí extraordinario, porque yo soy objetivo militar del ELN y de las disidencias de las Farc. (…)  El tema del orden público en el norte de Boyacá es complejo, y si me pasa algo quien realmente es culpable y ha sido negligente será la UNP”, dijo Correa.

Según Correa por inteligencia militar y por información de la comunidad en estos días hay un grupo de más de siete miembros del ELN en la jurisdicción, específicamente en Socotá en unas veredas que quedan cerca de la zona urbana. “Eso me ha impedido hacer mi labor administrativa”.

Por su parte el alcalde de Chita, Miguel Velandia, cuenta que viajar a las zonas rurales de su municipio es complejo por ser un corredor estratégico de los grupos armados ilegales, viajes a zonas lejanas dentro del páramo, según el mandatario, se requiere viajar de noche en algunas ocasiones.  

“Como tal uno ejerce sus funciones con zozobra, con cierto miedo acá. Es un corredor estratégico de grupos armados al margen de la ley y uno a veces se siente desprotegido, por lo general en esa zona hace presencia disidencias de las Farc y el ELN”, explica.

Velandia también insiste que la UNP no le cumplió que solo cuenta con un Policía y decidió no contestar teléfonos a desconocidos “por evitar amenazas o presiones”.

Entre tanto, la alcaldesa de Jérico, Mayerly Báez, dice en su municipio, las comunidades que viven en las zonas ruarles deben desplazarse a la urbana para poder interactuar con ellas. Báez dice que es complejo llegar a las veredas porque debe hacerlo de bajo perfil.   

“Hasta ahora sólo nos adjudicaron un Policía pero para nosotros es más peligroso andar con una sola persona e ir a las veredas, entonces por eso hemos tenido muchos problemas requerimos un vehículo que nos dé más apoyo porque la situación es nuestros municipios no es fácil”, explica.

“Ya nosotros nos toca incognitos prácticamente cuando salimos a estas veredas no avisar, y muchas veces no ir”, reconoce la alcaldesa.

Insiste que el llamado a la UNP es que los tenga en cuenta “nuestra seguridad importa, ya hemos visto muchos asesinatos de líderes sociales y la situación de los alcaldes tampoco es fácil”.