Cuestionan convenio de seguridad en la alcaldía de Santa Marta

W Radio conoció un convenio firmado por la alcaldía de Santa Marta en 2017 con la Fundación Paz y Reconciliación, dirigida por León Valencia y Ariel Ávila, quien recientemente emitió fuertes críticas a la política de seguridad de la ciudad en una columna periodística. 

Este documento muestra que el convenio 009 de 2017 buscaba aunar esfuerzos "a través del acompañamiento en la gestión de los diferentes procesos de la seguridad y la convivencia en el distrito de Santa Marta por medio de la construcción e implementación de diferentes herramientas y estrategias de política pública". Sin embargo, relata la denuncia, solo existe un archivo de 18 páginas resultado del convenio.

Al conocer esta información, este medio consultó con Camilo George, secretario de seguridad y convivencia de la ciudad quien ratificó que “efectivamente no hay soportes documentales en su poder, a parte de ese diagnóstico porque cuando entré no recibí ningún tipo de entregable”. 

Al respecto, La W consultó a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y éste manifestó que "esos contratos son públicos". 

"Y no son 18 páginas. De hecho (el convenio) fue un observatorio que ganó un premio internacional en Chile a las mejores prácticas de seguridad y convivencia", resaltó. 

En el mismo sentido se refirió la anterior secretaria de seguridad de Santa Marta, Priscila Zúñiga, quien recordó que sí se generaron varios productos y acciones. 
La exfuncionaria detalla que en los informes mensuales del Observatorio de Seguridad y Convivencia (que, manifiesta, fue el gran componente del convenio), se incluyeron informes de temas coyunturales, conversatorios y la firma de los pactos locales por la convivencia. 

“Se realizó la actualización y modernización del software y de la plataforma logrando la potencialización de la misma. Se aplicaron dos encuestas de percepción de seguridad y se entregaba un informe diario para el seguimiento de los homicidios para el control de la tasa y tomar las decisiones de planeación en materia de seguridad y control territorial”, dice Zúñiga quien también destaca que en el Observatorio se procesó “mucha información que ayudaron siempre a que se controlara el delito. Por zonas entregaron un documento inicial de los 100 puntos calientes del distrito con cruce de variables que ayudaron al alcalde a motivar inversión social en esos puntos y tenían un equipo interdisciplinario en las calles haciendo investigación en terreno verificando informaciones”. 

Sobre el tema, el secretario de seguridad Camilo George puntualiza que le tocó “reconstruir todo” porque “incluso estaba desvertebrado el Observatorio de Seguridad y Convivencia que dicho sea de paso ese observatorio está compuesto por contratistas de la alcaldía. A la política pública de seguridad le pusieron un cumplimiento cuando lo que existe es un documento de 18 páginas con un diagnóstico y eso no es un principio de política pública. Yo no encontré esa política y para eso estamos trabajando”.