Fiscalía imputó cargos contra el suspendido alcalde de Cereté
Se trata de Luis Antonio Rhenals, quien se podrá seguir defendiendo en libertad.
Luis Antonio Rhenals. Foto: Cortesía(Thot)
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el suspendido alcalde de Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals, por supuestas irregularidades en la contratación realizada en ese municipio en el marco de la crisis por el coronavirus.
Los delitos por los que investiga el ente acusador al mandatario que recientemente, fue separado del cargo por disposición de la Procuraduría Regional de Córdoba, serían interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.
Sin embargo, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cereté, no concedió la imposición de medida no privativa de la libertad, que había sido solicitada por el ente acusador en el marco de este proceso.
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La medida no privativa de la libertad, contemplaba justamente, la defensa del alcalde en libertad pero con algunas restricciones.
"La juez de garantías determinó que, como quiera que la Fiscalía contaba con los elementos materiales de prueba en su poder, no era necesario limitar la locomoción del señor alcalde, Luis Antonio Rhenals, por cuanto no era dable prohibirle el que asistiera a ciertos lugares y se reuniera con determinadas personas", sostuvo el abogado defensor del alcalde de Cereté, Luis Carlos Torregrosa.
Al tiempo, el defensor señaló que "la Fiscalía cuenta con los suficientes elementos de prueba, es decir, copia del contrato, copia de los documentos que se reputan falsos, como también las entrevistas de las diferentes personas que participaron en los hechos materia de investigación, por lo cual no se estimó imposición de la medida de aseguramiento no privativa de la libertad. La Fiscalía no pidió medidas privativas de la libertad, lo que pidió fue no privativas de la libertad".
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Los hechos por los que investiga el ente acusador, estarían relacionados con la celebración de un contrato por valor de 500 millones de pesos, cuyo objeto era la adquisición de 20 mil mercados para la población afectada por la emergencia ocasionada por el COVID-19.
Según la investigación, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la simulación del proceso de selección de ofertas y estudio de mercado, que supuestamente, habría derivado en una contratación direccionada a la firma contratista. Para su adjudicación, al parecer, se habrían falsificado documentos como cotizaciones con los que se construye el estudio de mercado.
Por los mismos hechos, la Fiscalía también imputó cargos contra la contratista Luz Fany Suárez, representante legal de la empresa Inversiones Surtioriente SAS.
La Fiscalía apeló la decisión adoptada por el citado Juzgado.
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