Los hallazgos que hizo la Contraloría en la contratación de Essmar en Santa Marta

En un documento enviado por la Contraloría General de la República al gerente de la empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, José Rodrigo Dajud, el ente de control deja en evidencia una serie de hallazgos con presunta incidencia disciplinaria en los procesos contractuales de la entidad entre los años 2016 y 2019.

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De acuerdo al documento, conocido por W Radio, el ente de control se pudo evidenciar, que en la ejecución, operación y desarrollo de las obligaciones contractuales, adelantadas por los diferentes contratistas, la entidad de servicio público "presenta debilidades en su labor de vigilancia, seguimiento, control, verificación y cotejo de los compromisos contractuales adquiridos, pues a pesar que, en el manual de contratación implementado para la vigilancia y seguimiento precontractual, contractual o post contractual, tienen documentado, aspectos de control, al analizar los documentos soporte del procedimiento de ejecución, no se encuentra evidencia de su desarrollo".

Según la CGR esta situación deja en evidencia una serie de incongruencias en la ejecución contractual en las bases de datos y registros de la entidad.

"La ESSMAR reporta de junio de 2016 a junio de 2019, un total de 1099 contratos por los cuales se ejecutaron $64.329,9 millones, sin embargo, en su respuesta mediante oficio de 8 de agosto de 2019, al cotejar los registros este presenta una suma ejecutada por valor de $60.749,2 millones, y al hacer el cruce de información con la plataforma SECOP del 24 de septiembre, se presenta una cifra ejecutada de $67.066,8 millones", detalla el documento.

Dentro de las inconsistencias fue encontrado, como ejemplo, que un contratista recibió al mismo tiempo y bajo el mismo concepto dos contratos, uno de $207, 5 millones y el otro por $6,6 millones.

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Otra situación llamativa para la Contraloría es la ejecución de contratos de publicidad por $2.847 millones entre 2014 y 2017. La Essmar, según el ente, "adolece de un procedimiento de medición, del impacto o resultados que las actividades desarrolladas por el contratista, tuviere respecto del área de negocio que pretende beneficiar, o la implementación dentro del desarrollo contractual, de indicadores de ponderación de la efectividad, de las actividades ejecutadas en cumplimiento de los contratos de publicidad, y así, conocer el costo beneficio de la ejecución de estos frente al gasto público, que le permita planificar sus gastos en desarrollo de esta política".