¿Se excedió el alcalde encargado de Santa Marta al ordenar inspecciones en su despacho?

Ya son dos las denuncias radicadas ante la Procuraduría y la Fiscalía para que se investiguen las presuntas actuaciones irregulares del secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República y hoy alcalde encargado de Santa Marta, Andrés Rugeles.  Emiro Castro de quien aún se desconoce qué hacía dirigiendo la inspección cuando no es funcionario de la Alcaldía y tampoco de la Dirección Nacional de Inteligencia, y de los seis hombres que se identificaron como miembros de esa institución.

La primera denuncia fue interpuesta por el abogado Carlos Arturo Gómez Pavajeau, el pasado 8 de abril. La segunda denuncia fue interpuesta ayer 10 de abril por el senador del Partido Alianza Verde Antonio Sanguino.

En los dos documentos acusan a Rugeles que haber incurrido en abuso de función pública, extralimitado sus funciones y empleo ilegal de la Fuera Pública.

Consultado el alcalde encargado, dijo que la inspección se basó en dos normas, el decreto 4179 de 2011 que en su artículo 2 señala:

“La Dirección Nacional de Inteligencia tendrá como objeto desarrollar actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y de las personas residentes en Colombia, (…) así como cumplir con los requerimientos que en materia de inteligencia le hagan el Presidente de la República y EL ALTO GOBIERNO para el logro de los fines esenciales del Estado, de conformidad con la ley.

La ley estatutaria 1621 que fue creada con posterioridad, es la norma que reglamenta las actividades de inteligencia y contrainteligencia y no deja abierta la posibilidad para que miembros del alto gobierno hagan requerimientos a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Cuando haya un requerimiento adicional como es el caso de Rugeles, el artículo 9 de la ley estatutaria señala:

“Los requerimientos adicionales a los establecidos en el Plan Nacional de Inteligencia sólo podrán ser determinados por el Presidente de la República, de manera directa o a través del funcionario público que éste designe de manera expresa para ello; el Ministro de Defensa; y, para efectos de cumplir con las funciones de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el Alto Asesor para la Seguridad Nacional. Los demás miembros del Consejo de Seguridad Nacional podrán hacer requerimientos a través de la secretaría técnica del Consejo, que dará trámite para su priorización”.

En el acta de la Procuraduría Regional del Magdalena, del 4 de abril de 2019 quedó como constancia que el alcalde encargado Andrés Rugeles fue contactado por el ministerio Público  “y al ser preguntado si las diligencias en su despacho fueron autorizadas por él, a lo que respondió que de manera Verbal solicitó a la Dirección Nacional de Inteligencia una revisión exhaustiva al despacho del Alcalde de Santa Marta.

En esa misma acta, quedó constancia que no hay existencia de ningún documento o escrito que justifique la inspección, por ello la Procuraduría abrió una indagación.

“El momento en el que se produjo el nombramiento del Doctor Rugeles yo estaba en Santa Marta, además ese día y ante eso le ofrecí el acompañamiento de la procuraduría para la revisión de todos los documentos y finalmente eso no se dio, Yo creo que hay un operativo que tiene unas características fuera de lo Común y por eso es que la Procuraduría está indagando”, explicó el Procurador General, Fernando Carrillo.

Las normas indicarían que Andrés Rugeles no estaría facultado para hacer este procedimiento y ahora serán las autoridades las que deberán determinar si cometió algún delito o no.