Socio de Centros Poblados, vinculado a proceso de responsabilidad fiscal en Sucre

En esta oportunidad, el socio de Centros Poblados que está inmerso en un nuevo lío, es la firma Intec de la Costa SAS, el cual fue vinculado por la Contraloría General de la República a un proceso de responsabilidad fiscal abierto en el departamento de Sucre por más de 1.337 millones de pesos, esto debido a irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, donde está perdido un anticipo de 1.253 millones de pesos  entregado al contratista, conocido como Consorcio Puente San Jorge 2019 y donde Intec de la Costa posee un 80 % de participación.

Según explicó en su informe el ente de fiscalización, el Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de 2.507 millones de pesos para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades, allí añadió que “la misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio”.

Fue tal la insistencia de las denuncias, que gracias a una de ellas fue por la que se hizo una auditoría en el municipio, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones, en la que se determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la Contraloría en Sucre.

Frente al hallazgo detectado se expuso que tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra. Allí se añadió “al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra”.

Algo adicional pero igual de importante a lo explicado anteriormente, se encontró en que la Contraloría determinó también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

También se determinó que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento. Igualmente se expuso que la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de Ocupación de Cauce y permiso de Aprovechamiento Forestal.

Al proceso fueron vinculados como presuntos responsables fiscales a:

- Víctor Miguel Ricardo Vega, en calidad de alcalde del municipio de Caimito – Sucre, para la época de ocurrencia de los hechos investigados.

- Kevin Ricardo Caly, en calidad de secretario de planeación de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.

-Intec de la Costa S.A.S, como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública.

- Dialco Construcciones S.A.S., como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra.

- Walter David Sánchez Urzola, por su actuar como representante legal del Consorcio Puente San Jorge 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo.

- Covilco LTDA., integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con participación del 50%, contratista ejecutor del contrato de interventoría.

- Javier José Pereira Areiza, integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con participación del 50%, contratista ejecutor del contrato de interventoría.

Finalmente, se expuso que el proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada de 1.337.790.621 pesos correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.